Furia y fuego en calles francesas por protestas de padres y alumnos
Manifestaciones con carros incendiados paralizan más de mil colegios y hay 2 mil detenidos
PARÍS. Francia vive una ola de protestas estudiantiles que ha paralizado más de mil colegios y dejado cerca de 2,000 detenidos, en su mayoría menores de edad. El movimiento, iniciado en Créteil, reclama mejoras en las condiciones educativas: reducción de horarios excesivos, infraestructura adecuada y más docentes.
Las manifestaciones se han extendido a todo el país con escenas de violencia urbana: barricadas en llamas, vehículos calcinados e incendios en colegios. En total, 1,027 centros educativos resultaron afectados por los incidentes —entre ellos 222 bloqueos de acceso a los establecimientos— y en ellos 284 agentes de policía y gendarmes resultaron heridos, así como 65 empleados educativos y 170 alumnos, de acuerdo con el Ministerio de Educación francés.
El gobierno de Emmanuel Macron reconoce la legitimidad de las demandas, pero acusa a La Francia Insumisa de instrumentalizar la crisis con fines electorales. La tensión se agrava en un contexto de ajuste fiscal de 54,000 millones de euros para 2027, que amenaza con profundizar el malestar social.
Con universidades sumándose a las movilizaciones y prefecturas prohibiendo concentraciones, la protesta estudiantil se ha convertido en un desafío político y social de gran escala, que pone en evidencia la fragilidad del sistema educativo francés y la presión sobre el Ejecutivo en vísperas de las elecciones presidenciales.
El agravamiento de la movilización, que comenzó hace una semana para denunciar la carencia de docentes y solicitar mejores condiciones en los centros, dejó escenas de violencia urbana en puntos como Lyon, Lille o Pantin (a las afueras de París), con incidentes como la quema de contenedores y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, convocó este jueves un gabinete de crisis y pidió a sus ministros que no hagan desplazamientos en los próximos días para que los prefectos (delegados del Gobierno) estén disponibles para gestionar la situación en cada localidad.
