Funcionarios que encubren delitos incurren en la omisión de denuncia

Hace más de dos años, un exministro del Interior y, más recientemente, el Defensor del Pueblo denunciaron públicamente que altos mandos policiales estarían involucrados con bandas criminales.

Sin embargo, las más altas autoridades del actual gobierno, al ser interrogadas sobre esta grave acusación, respondieron que primero ganarían la guerra contra la delincuencia y luego atenderían el problema policial. El artículo 407 del Código Penal establece que quienes están obligados a denunciar y no lo hacen incurren en el delito de omisión de denuncia. Los fiscales, al tomar conocimiento de un hecho delictivo, deben iniciar de oficio la acción penal; no obstante, hasta ahora no se ha presentado denuncia alguna al respecto.

Hace unos días, durante una entrevista en varios medios de comunicación, a propósito de la llegada del extraditado Erick Moreno Hernández, alias “el monstruo”, hice referencia —en mi calidad de abogado de Jesús Victorio Acuña, sindicado injustamente como miembro de la organización criminal que secuestró a una empresaria, quien resultó ser su sobrina— a un hecho relevante.

El “monstruo”, el 18 de mayo de 2024, envió por WhatsApp una fotografía en la que aparece el jefe de Secuestros de la PNP, coronel Jorge Carpio Ordaya, en su oficina junto a su amigo Jesús Victorio Acuña. En el mensaje afirmaba: “Hay un chato que me está malogrando el negocio”, lo que evidencia que no lo conocía. Este coronel se ha negado a declarar. El hecho fue relatado por Victorio Vallejos el 30 de mayo de 2024, a través de su hijo —quien sí pertenece a dicha organización—, y el “monstruo” se jactaba de tener un policía en actividad infiltrado en la Dirincri.

Un policía comprendido como investigado declaró en su indagatoria del 25 de septiembre de 2024 que no era “puita”, infiltrado por el “monstruo” en la Dirincri. Sin embargo, tanto el general jefe de la Dirincri como el coronel jefe de Robos conocen quién es puita. Esta declaración fue mencionada por fiscales, el juez de investigación preparatoria y los jueces superiores de la Sala de Apelaciones al denegar el cese de prisión preventiva de Victorio Acuña.

El fiscal sostiene que Jesús Victorio Acuña no integra la organización criminal que secuestró a la empresaria. Además, su hijo manifestó que utilizó un teléfono de una funeraria de su padre sin su consentimiento. Los jueces superiores reconocieron que Acuña es propietario y gerente general de tres empresas, posee ocho inmuebles y nueve vehículos, paga impuestos y tiene solvencia económica, pero concluyeron que no cuenta con arraigo laboral. Por ello, su declaración dejó de ser reservada.

He recibido una carta notarial del policía que declaró ante la fiscalía, solicitando que me rectifique y me retracte por lo dicho, alegando que era falso. Le respondí que no esperara las 48 horas y que me querellara. Le advertí que, si mis hijos —que son abogados— llegaran a denunciar mi “suicidio”, dado que algunos funcionarios y policías consideran los asesinatos como tales, recurrirían a Italia (donde tengo nacionalidad), al Colegio de Abogados de España (donde he dictado conferencias) y a Alemania (donde mi hijo está agremiado). Solicitarían que policías especializados intervengan en la investigación de mi “suicidio” para identificar a los instigadores. Están advertidos.

(*) Exdecano del CAL.