Fiscalía solicita cadena perpetua para los hermanos Quispe Palomino por terrorismo en el Vraem
El Ministerio Público presentó una acusación contra los presuntos líderes del Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP) por hechos ocurridos entre 2002 y 2018. El requerimiento también incluye penas de hasta 30 años de prisión para otros implicados y una reparación civil de S/ 38,5 millones.
La Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo solicitó cadena perpetua para Víctor Quispe Palomino, alias “José”, y Jorge Quispe Palomino, alias “Raúl”, por presuntamente liderar la organización terrorista Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP) en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).
La acusación, presentada por el fiscal superior Andrés Ángel Montoya Mendoza, comprende hechos atribuidos a la organización entre 2002 y 2018. La misma pena fue solicitada para otros presuntos integrantes de su cúpula: Tarcela Loya, alias “Olga”; Teodoro Benites, alias “Dino”; y Eleachin Huamán, alias “Julio Pucañahui”.
El Ministerio Público señala que los hermanos Quispe Palomino integraron Sendero Luminoso en décadas anteriores y que, a comienzos de los años 2000, formaron su propia organización, que operó en el Vraem.
Fiscalía solicita penas de hasta 30 años para otros acusados
La acusación también contempla penas de entre 25 y 30 años de prisión efectiva para Alexander Alarcón, alias “Renán”; Joel Chirote, alias “Roberto”; y Franklin Tello, alias “Lucio”, por el presunto delito de terrorismo agravado.
Además, la Fiscalía solicitó el pago de S/ 38,5 millones por concepto de reparación civil a favor del Estado.
El documento fiscal tiene más de 2.000 páginas, reúne 74 expedientes y registra 124 hechos delictivos atribuidos a la organización terrorista.
Atentados, secuestros y ataques contra las fuerzas del orden
Entre los hechos incluidos en la acusación figuran la emboscada contra la patrulla de Comandos N.° 19 del Ejército y la Marina, ocurrida en 2003 y que dejó siete fallecidos; el ataque a la base de la DINOES en Ayacucho, en 2009, con cinco muertos, entre ellos dos civiles; y el secuestro de 39 trabajadores de empresas contratistas en el Vraem, en 2012.
También se incluye el derribo de un helicóptero de la Policía Nacional del Perú en 2012, incidente en el que murió la mayor Nancy Flores Paucar.
Según la Fiscalía, los cargos comprenden presuntas responsabilidades individuales, autoría mediata y dirección de atentados contra bases militares, efectivos de las Fuerzas Armadas, miembros de la Policía Nacional y comunidades nativas en Ayacucho, Cusco, Junín, Huancavelica y Apurímac.
Acusación incluye reclutamiento y explotación de menores
El documento fiscal también describe presuntas prácticas sistemáticas de secuestro de hombres, mujeres y niños, incluidos menores conocidos como “pioneritos”, quienes habrían sido retenidos en campamentos, sometidos a explotación y adoctrinamiento o incorporados como combatientes.
Con la presentación de esta acusación, el Ministerio Público busca que se determinen las responsabilidades penales correspondientes por los hechos atribuidos a los acusados y se establezcan las sanciones que correspondan conforme a ley.
