La Fiscalía de la Nación, a través del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó ante el Congreso de la República denuncia constitucional contra Morgan Quero, en su actuación como ministro de Educación; y Ángela Teresa Hernández Cajo, en su condición de ministra de la Mujer.
A ambos se les sindica como presuntos autores del delito de incitación a la discriminación en su modalidad agravada, en agravio de los niños y las niñas de las comunidades nativas Awajún y Wampis de la provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas.
La denuncia se debe a que los denunciados declararon ante medios de comunicación nacional una expresión que promovería y legitimaría la exclusión y desvalorización de los referidos agraviados.
