
El Ministerio Público presentó una acusación contra la congresista Lucinda Vásquez a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales. Se le señala como “presunta autora del delito de tráfico de influencias agravado”, en relación con hechos ocurridos entre el 31 de agosto y el 13 de noviembre de 2021.
Según la acusación, la legisladora habría tenido influencias reales dentro del Ministerio de Educación durante ese período. La investigación se inició tras la revelación de una presunta obtención y comercialización irregular de la Prueba Única Nacional, utilizada para acceder a la Carrera Pública Magisterial.
Vásquez habría ofrecido su intervención a maestros de San Martín que postulaban al concurso público, prometiendo interceder ante funcionarios del Ministerio de Educación encargados del proceso de admisión.