Por el presunto delito de colusión agravada, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, abrió investigación al premier Alberto Otárola; al titular de Trabajo, Alfonso Adrianzén; y la asesora II del despacho ministerial de esa cartera, Carola Rodríguez. La sospecha inicial fue la contratación de la excuñada del jefe del gabinete en dicho portafolio.
El caso se remonta al 21 de enero, cuando Adrianzén nombró a Rodríguez en dicho puesto con un sueldo de 15,500 soles. Según el semanario “Hildebrandt en sus Trece”, Carola Rodríguez es tía de uno de los hijos de Otárola, Luis Eduardo. Al ser descendiente del primer ministro, debería estar registrado en la declaración jurada de intereses, pero no es así.
Alberto Otárola designó a Alfonso Adrianzén como su jefe del gabinete de asesores. Luego, al pasar como primer ministro, lo nombró como su secretario general, cargo en el que se quedaría hasta el 13 de enero. El premier colocaría después a Adrianzén como ministro de Trabajo.
La oficina de Otárola le respondió a la revista “Hildebrandt en sus Trece” que “los funcionarios públicos no están obligados a declarar a sus hijos menores de edad”; sin embargo, Luis Eduardo tendría 22 años.
