La Constitución Política del Perú establece que un Estado de Emergencia sólo procede ante grave alteración del orden interno, catástrofes u otras circunstancias extremas y permite suspender derechos fundamentales por tiempo limitado. Sin embargo, en la práctica, esta medida excepcional se ha convertido en una desgastada herramienta de gestión pública y el gobierno de turno vuelve a decretar el undécimo Estado de Emergencia consecutivo en los últimos dos años y algo, como si la única respuesta a cada ola de criminalidad fuera apretar el mismo botón una y otra vez. Se anuncian grandilocuentes planes de “pasar a la ofensiva”, un enfoque penitenciario más duro y mayor uso de “inteligencia”, pero ¿acaso no son esas tareas parte del deber cotidiano de las autoridades? Resulta legítimo preguntarse: ¿se necesita realmente suspender garantías constitucionales para que las entidades del Estado coordinen entre sí y hagan su trabajo? Todo indica que asistimos a otra versión de más de lo mismo.
Detrás de estas medidas reactivas subyace un problema mayor: la ausencia de estrategia y liderazgo en materia de seguridad. La respuesta oficial adolece de fallas evidentes:
Sin plan ni objetivos claros: No existe un plan integral contra la delincuencia ni metas definidas que orienten la acción del Estado. Sin liderazgo unificado: No hay mando central que asuma la conducción; en cambio, proliferan mesas de “coordinación” donde la responsabilidad se diluye entre ministros, comités y alcaldes. La seguridad ciudadana se maneja bajo un marco legal que delega gran parte de la responsabilidad en los municipios (¿son los alcaldes realmente capaces de enfrentar el crimen transnacional organizado?), cuando nunca ha funcionado, no funcioná y tampoco funcionará.
Acciones aisladas: Se publicitan decenas de medidas, repartidas entre al menos cinco entidades distintas, sin coherencia ni hilo conductor. Cada institución hace lo que puede por su lado, en medio de crisis internas, escándalos de corrupción y falta de reformas profundas en organismos clave como el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el INPE o la Fiscalía. ¿Así se espera obtener resultados?
Con este panorama fragmentado, la responsabilidad se diluye y nadie rinde cuentas por el fracaso. En lugar de una dirección única que articule la lucha contra el crimen, reina un vacío de liderazgo llenado por discursos y Tiktoks de “coordinación interinstitucional”. Mientras tanto, las mafias se reorganizan y evolucionan más rápido que la burocracia que disfraza su incompetencia para contenerlas.
Es evidente que el Perú no saldrá de esta crisis de seguridad con más de lo mismo. El fenómeno del crimen transnacional organizado debe ser tratado como lo que es: un asunto de Seguridad Nacional, porque el Estado de Emergencia, ya se encuentra en Emergencia.
(*) Exdirector Nacional de Inteligencia
* La Dirección periodística no se responsabiliza por los artículos firmados
