Extraños criterios de la justicia

Qué difícil es medir con la misma vara y no aplicar el sentido común. Al ver que un delincuente amenazaba con asesinar a su esposa y su hijo dentro de su local, el dueño de un chifa saca su arma, le dispara y lo mata. Los abogados coinciden: legítima defensa o defensa propia. Sin embargo, la Fiscalía le abrió investigación por presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio. El valiente emprendedor ahora corre el riesgo de ir a prisión por defender a su familia. La otra cara de la moneda: Un abogado de apellido de alcurnia, ebrio y lanzando insultos racistas, dispara contra la casa de su vecino y le destroza su auto. El Poder Judicial rechaza el pedido fiscal de prisión preventiva y solo le dicta comparecencia restrictiva.

Lamentablemente, así actúa la justicia, no se mide con la misma vara, para unos lo ancho y para otros lo angosto. Pareciera que las decisiones se tomaran de acuerdo a criterios como el apellido, el color de la piel, el poder económico y el nivel social del imputado, es decir, aspectos ajenos a los principios que rigen la impartición de justicia.

Hace meses, a una maestra andahuaylina la detuvieron con S/1,916 y la acusaron de financiar las protestas contra el Gobierno: el Poder Judicial le dictó, sin ningún miramiento, 30 meses de prisión preventiva. No es que pretendamos defender al expresidente Castillo, pero este caso no guarda, por ejemplo, ninguna proporcionalidad con el de la economista que hace cuatro años mató con su carro a dos jóvenes y dejó graves a otros dos. A esta profesional, el Poder Judicial le dictó seis años de cárcel, pero le variaron la sentencia y se encuentra libre, mientras los deudos siguen clamando justicia. ¿Es necesario comparar los apellidos, la raza y el dinero que poseen las personas para deducir el castigo que se les dará por la comisión de un delito? Definitivamente, no, pero parece que eso estuvieran haciendo.

Pero esta distorsionada lectura de la realidad, que lleva a la impunidad o la injusticia, también se da en el contexto de la delincuencia común. De otro modo no se podría explicar por qué el venezolano que quemó viva a su pareja no tenía orden de captura en el Perú cuando, luego de más una semana de ocurrido el hecho, fue detenido en Colombia. O por qué estaba libre el delincuente que mató a un sereno de Surco, pese a que antes ya había sido detenido por asalto, asesinatos y otros delitos. ¿Tan blandita es la justicia con los criminales? Ya es hora de cambiar. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.