Exprocurador Iván Meini critica estrategia fiscal en el caso Villarán

El exprocurador anticorrupción Iván Meini cuestionó la falta de estrategia del Ministerio Público en el caso de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, y afirmó que su juicio pudo haber empezado antes, pero no ha sido priorizado pese a contar con pruebas relevantes.

“Una constante en la Fiscalía, sobre todo, en estos casos vinculados a la trama Lava Jato que es la ausencia de un enfoque estratégico. Todos los casos penales son importantes, pero entre ese universo de casos hay algunos que probablemente sean más importantes donde existe mayor material probatorio como pruebas de cargo que puedan llevar a una condena. En esos casos parecería que lo sensatos sería apuntalar precisamente esas carpetas fiscales donde hay declaraciones de testigos, donde hay cruce de información financiera internacional que puede acreditar la ruta del dinero, una personal envío otra la recibió, hay declaraciones de parte reconociendo la culpabilidad. Esos casos parece que la demora en el tiempo no tendría mayor justificación”, precisó en Canal N.

En tal sentido, Meini señaló que se debe tomar en cuenta la declaración de Villarán a un medio de comunicación donde admitió que recibió aportes de Odebrecht y OAS para financiar la campaña contra su revocatoria en el año 2013.

“No tiene el mismo peso jurídico que tendría si la señora Villarán hubiese reconocido la recepción de ese dinero en una diligencia judicial o en un proceso de colaboración eficaz. Pero, se tome en cuenta porque es una declaración voluntaria, no ha sido ni coaccionada, ni violentada. El juicio puede haber empezado antes”, acotó.

SOLICITAN 29 AÑOS DE CÁRCEL PARA LA EXALCALDESA DE LIMA

Cabe indicar que el Ministerio Público acusa a Susana Villarán por organización criminal, lavado de activos, colusión y otros en agravio del Estado, por supuestamente recibir dinero de Odebrecht y OAS para sus campañas para la no revocatoria de 2013, así como su reelección a la comuna en 2014. La tesis de la Fiscalía de la Nación apunta que, gracias a estos favores recibidos, las empresas que apoyaron a la exalcaldesa de Lima fueron beneficiados con millonarios contratos. Se pide para ella 29 años de prisión.