El reportaje del programa dominical Panorama de este último domingo, ha encendido las alarmas sobre la Seguridad Nacional del Perú. Según la investigación periodística, la empresa Puma Air —contratada por la Fuerza Aérea del Perú (FAP)— estaría vinculada directamente a un militar chileno en retiro. Esta empresa habría conseguido instalar un taller aeronáutico dentro del Ala Aérea N.º 2, una de las bases aéreas más estratégicas e importantes del país.
Más allá del escándalo que puede sugerir el hecho, lo preocupante es el latente peligro de un posible o quizás muchos casos de espionaje; más aún cuando existe un decidido proceso de modernización de nuestra matriz de armamento y de recuperación de nuestras capacidades de Defensa Nacional, no se trata de alimentar teorías conspirativas, sino de ver con claridad las profundas debilidades de seguridad que este caso pone en evidencia. ¿Cómo es posible que una empresa con vínculos foráneos acceda a una instalación de alto valor militar sin una evaluación profunda de contrainteligencia?
Esto demuestra una falla grave: la debilidad —o ausencia— de un sistema de contrainteligencia militar activo y eficaz. El reportaje de inmediato sugiere la posibilidad de que las Fuerzas Armadas peruanas puedan encontrase expuestas no solamente por este caso, sino por la debilidad y limitaciones para prevenir y detectar a tiempo y otros peligros que pueden estar activos. Y es que la contrainteligencia no es solo un mecanismo de defensa burocrático; es la primera línea de protección ante amenazas silenciosas que buscan penetrar nuestras instituciones, obtener información crítica o influir en la toma de decisiones estratégicas del país.
La lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y las presiones geopolíticas globales y regionales exigen que nuestras Fuerzas Armadas y la toma de decisiones de Estado se encuentre protegidas, no solo por la compra de armas de nueva tecnología, sino en la recuperación de las ausentes capacidades de la Función Inteligencia de estado. En este sentido, reactivar y fortalecer la contrainteligencia es vital para proteger las compras de armamento, detectar infiltraciones en contrataciones, evaluar a fondo a proveedores y asegurar que nuestros recursos no sean manipulados por intereses extranjeros o grupos internos contrarios al Estado.
Este no es un tema técnico reservado para los expertos. Todos los peruanos debemos entender que, sin una estructura sólida de Contrainteligencia, cualquier inversión en defensa puede ser vulnerada desde adentro, sin disparar una sola bala.
Hoy, el caso Puma Air debe ser un punto de inflexión. No solo se trata de investigar responsabilidades, sino de tomar decisiones firmes para que nuestras bases militares, nuestros sistemas de información y nuestras capacidades estratégicas estén realmente protegidas. No podemos permitir que el espionaje —o la negligencia— debilite la soberanía del Perú.
(*) Exdirector Nacional de Inteligencia (DINI).
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