El Perú ha entrado ya en una fase de deterioro estatal absolutamente inaguantable. Es hora de reaccionar con contundencia en una alianza clara y transparente entre las organizaciones del pueblo y el Congreso de la República.
Las denuncias sobre corrupción, designación caótica de funcionarios, improvisación de políticas de estado, incapacidad de gestión y falta de visión integral para el desarrollo nacional democrático y sostenido se multiplican asombrosamente día tras día. Los voceros del “desencanto” son personas calificadas del primer nivel de protagonismo, así tenemos las declaraciones demoledoras de personajes como la ex primer ministro Mirtha Vásquez y el ex ministro del Interior Avelino Guillén, quienes han denunciado coincidentemente cómo el presidente Pedro Castillo se autoaisla y gobierna con un entorno que no es el ministerial; cometiendo, por tanto un acto no solo errático sino hasta ilegal de administración de la República. Este personaje es presentado por sus críticos más cercanos poco más o menos como un alucinado con un poder que no sabe cómo administrar.
Por otra parte, los ataques contra las libertades de prensa y expresión arrecian. El mismo mandatario se burla de los medios de comunicación (“son de risa”, dice); se impide con acciones de fuerza reprobable el trabajo de los reporteros que intentan coberturas periodísticas cotidianas; y, en el otro extremo, una funcionaria de estado ha denunciado cómo por instrucción del inefable Premier Aníbal Torres se intenta direccionar malamente, con ánimo de venganza, la publicidad estatal para afectar a los medios que son críticos o, por lo menos desafectos, al gobierno de turno. Como si todo eso fuese poco, el partido oficialista ha lanzado una ofensiva cada vez más agresiva contra el Congreso so pretexto de que las bancadas democráticas serían parte de una aventura “golpista”; y no son únicamente las declaraciones infames las que se hacen, sino que inclusive se ha comenzado la movilización grosera de partisanos, ronderos y gente sin escrúpulos que amenazan con la toma de las instalaciones físicas del Parlamento por la vía violenta.
En el interior del país, además, se ha puesto en marcha un sistema ilegal -que probablemente use recursos públicos- para “financiar” vía líneas de crédito personales las marchas de pobladores para organizar manifestaciones vandálicas en la capital y provocar estallidos de violencia que, por desgracia, bien podrían terminar convirtiéndose nada menos que en la antesala a una guerra civil.
Los ánimos del pueblo están ya muy caldeados. Un 70% de la opinión pública rechaza al jefe del estado y alrededor del 60% está de acuerdo con que se vaque, se destituya o se le separe, porque se entiende que no es solo el Gabinete de Ministros (que muy probablemente no recibirá el voto de investidura el 8 de marzo) el problema central, sino que personalísimamente la responsabilidad de la crisis corresponde a la dupla presidencial Castillo – Boluarte.
Desde la orilla de la oposición el ánimo de alcanzar la vacancia está también definido. El único problema para aplicar ese procedimiento de control constitucional y democrático es que aun no se han conseguido todos los votos necesarios, esencialmente por la necedad de las bancadas de Acción Popular y APP. Pero la estrategia de cambio no se circunscribe a ello, hay potentes denuncias constitucionales contra Castillo, incluyendo la principal por traición a la patria en el caso de su anunciada voluntad de ceder territorio peruano para una salida soberana al mar para Bolivia. Y están en giro otras acusaciones que alcanzan tanto a Dina Boluarte, cuanto, nada menos, que la Fiscal de la Nación, quien con su actitud cómplice viene impidiendo las investigaciones y sanciones contra la amplia red de corrupción que sustenta al régimen de Perú Libre.
Desde la calle, la sociedad cada vez más organizada apuesta ahora por una retoma de las manifestaciones y ha convocado a una enorme manifestación que se realizará el 5 de marzo y que movilizará a miles de peruanos en torno a un criterio sólido: la unidad democrática para el cambio. Con este nuevo movimiento popular, en estrategia de pinzas con el Congreso, todo apunta a que el gobierno de Castillo entra a su fase terminal y que tendrá muy poco margen de acción el mes siguiente. Si el objetivo se consigue prontamente, por fin, el Perú podrá volver a la senda de una auténtica gobernabilidad.
(*) Analista político
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