La ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) es vista por muchos especialistas y gremios como un significativo daño a nuestro país, con muestra de impunidad, que trae consigo la destrucción ambiental, además del crecimiento de la minería ilegal, del crimen organizado, la trata de personas y el lavado de activos. Pero nada de eso les ha interesado a los padres de la patria que votaron por su ampliación hasta diciembre de 2027. Sin duda, esto es un retroceso en la formalización minera, además de afectar nuestras exportaciones, pues la seguridad se percibe como un permiso para operar sin control, incluso en zonas prohibidas, amarrando de esta manera las manos del Estado para fiscalizar esta actividad y proteger los ecosistemas y la salud.
Teniendo en cuenta que muchos ilegales han venido utilizando el mercurio de forma irresponsable, contaminando el medio ambiente, eso se ha denunciado constantemente. Sin embargo, a los parlamentarios no les ha interesado que la minería ilegal esté poniendo en peligro la vida de los peruanos, nativos que viven en la selva peruana, que tienen sus derechos y que estos ilegales ignoran con tal de lograr sus objetivos.
Las razones por las que consideramos que esa ampliación causa daño a nuestro país son porque fomenta escandalosamente la ilegalidad, pues extiende un plazo que debería ser finito, dando un salvoconducto a mineros que operan ilegalmente y no cumplen con la normativa.
La irresponsable ampliación del REINFO, sin duda, propiciará la destrucción ambiental, permitirá la continuidad de actividades con uso indiscriminado de mercurio y explosivos, contaminando los ríos y bosques, tal como se vino haciendo en el río Marañón. Los parlamentarios que aprobaron esta infamia, que debería ser considerada traición a nuestro país, lo hicieron más llevados por un interés personal, pues algunos mineros ilegales han financiado campañas de congresistas y ahora les exigen devolver ese apoyo dado con anticipación.
La ampliación, sin duda, hará crecer el crimen organizado, pues si tenemos en cuenta que la minería ilegal asociada al REINFO está vinculada a redes criminales, trata de personas y violencia, los padres de la patria les están dando a los mineros ilegales impunidad legal, otorgándoles un periodo de excepción de responsabilidad penal y ambiental, impidiendo que el Estado sancione a quienes contaminan.
Este paso de los parlamentarios perjudica a mineros formales, desincentiva a quienes buscan formalizarse correctamente y afecta a pequeños mineros invadidos por ilegales.
Existen también riesgos económicos, preocupando a los gremios empresariales por el impacto en las exportaciones peruanas y la estabilidad social. La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) y el Colegio de Abogados de Lima (CAL) se oponen a esa decisión de los parlamentarios. Estas instituciones piden una formalización real, no prórrogas que complican todo.
Estos gremios alertan que es un parche que perpetúa el problema. En resumen, la ampliación del REINFO no soluciona el problema de la minería ilegal, sino que lo perpetúa, disfrazando actividades ilegales bajo un registro que ya no cumple su propósito original.
(*) Abogado y exdecano del Colegio de Contadores Públicos de Lima.
