“En investigación a Castillo se puede llegar al exceso”

Marco Falconí señala que el jefe de Estado no puede dejar de gobernar para dedicarse, exclusivamente, a vivir en los pasillos del Ministerio Público y del Poder Judicial atendiendo las denuncias en su contra.

POR: CARLOS RIVERO

La investigación que la Fiscalía de la Nación inició contra el presidente Pedro Castillo ha generado una serie de discrepancias sobre su viabilidad en medio de la gestión del jefe de Estado. Para el abogado constitucionalista Marco Falconí, excongresista de la República, la decisión del fiscal Pablo Sánchez puede generar que un mandatario pase los cinco años asistiendo a las sedes del Ministerio Público y del Poder Judicial.

¿Cómo analiza usted la decisión del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, de investigar al presidente Pedro Castillo?

Este tema que hay que verlo desde el principio de la razonabilidad. ¿Qué pasaría si todos los ciudadanos de la oposición comienzan a formular denuncias contra del presidente? El mandatario debería dejar de gobernar para dedicarse, exclusivamente, a vivir en los pasillos del Ministerio Público y del Poder Judicial.

¿Podría ser acusado?

Siempre se había dicho que el presidente, como tal, tenía una inmunidad prácticamente absoluta y podía ser procesado solo por traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso o impedir su reunión y funcionamiento. ¿Pero qué pasa si un presidente comete un delito que no figura entre los mencionados? Entonces solo se puede investigar una vez que termine el mandato. Pongámonos en el escenario de que un presidente comete un homicidio. No se le podría procesar, pero incurriría en incapacidad moral. Eso pasa cuando se cae en un acto que es indigno para seguir en el cargo.

Lo real es que ya está siendo investigado.

Para este caso concreto, particularmente, creo que debemos revisarlo con pinzas. Podemos llegar al exceso. Puede ocurrir que apenas un presidente asuma, el mismo día puede tener 1,000 denuncias. Se estaría atentando contra una institución importante como la inmunidad presidencial. Peor aún, podría ocurrir que un partido político que pierde las elecciones podría contratar 100 abogados y les dicen que cada uno haga 100 denuncias contra el jefe de Estado. Entonces ¿qué hace el presidente? Deja de ejercer y se dedica los cinco años a atender a fiscales y jueces. No gobernaría.

¿Entonces a su juicio, la Fiscalía de la Nación está actuando mal?

Nadie quiere tener un presiente que cometa delitos o actos indignos, pero no podemos llegar a un extremo. Indirectamente estamos abriendo la puerta para que todos los días el presidente de la República reciba cientos de denuncias y para la propia Fiscalía sería materialmente imposible atenderlas.

Pero, hay indicios de actos irregulares de personas de su entorno, como el señor Bruno Pacheco, que actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

Creo que, si hubiera indicios o pruebas concretas contra el presidente, de haber recibido coimas, ahí debe verse el tema de la incapacidad moral. Debería ser vacado por el Congreso, pero para eso no puedes abrir la puerta de que sea investigado permanentemente. Aquí viene lo que se denomina, la sanción política. Supongamos que en este caso aparecen indicios contra el presidente, lo que se debe hacer es que el Parlamento logre reunir los 87 votos necesarios para vacarlo.

Al presidente también se le cuestiona por haber mantenido en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a Juan Silva. Y ahora salen transcripciones de audios en los que se habla de la entrega de “100 grandes”. Esto también golpea a Pedro Castillo.

Si es cierto que (Juan Silva) ha recibido coimas, creo que lo que corresponde es que sea el propio exministro quien declare y a quien se le deben dictar las medidas pertinentes.

CALIFICA DE IRRACIONAL ACUSACIÓN CONTRA DINA BOLUARTE

Marco Falconí afirma que no existe infracción constitucional en el caso de la vicepresidenta Dina Boluarte. “Ella ha pedido licencia y quedaron pendientes unos trámites de regulación, no son actos de gestión. Creo que es un exceso. Se está interpretando sesgadamente la ley”, señaló.

Precisó que sería una irregularidad si hubiese realizado algún contrato o nombramiento de personal en el Club Departamental Apurímac. Sobre la posibilidad de que sea censurada por este hecho, Falconí precisó que sería una medida absolutamente irracional.