El Perú llegará a las elecciones presidenciales del 2026 con más de 30 candidatos. Es una cifra récord que no expresa vitalidad democrática, sino fragmentación y crisis de representación. Cuando todos quieren ser presidente, suele ser porque nadie confía en partidos, en las instituciones ni en las reglas de juego.
Durante décadas, los peruanos eligieron presidentes que terminaron involucrados en corrupción, autoritarismo o incompetencia. No fue un error aislado, sino un patrón: se votó por el outsider, por el “antisistema”, sin advertir que ese discurso ocultaba improvisación o redes oscuras de poder.
La pregunta hoy no es por qué se cometieron esos errores, sino qué ocurriría si se repiten. Equivocarse otra vez podría empujar al país a un punto de no retorno: un gobierno sin legitimidad ni capacidad profundizaría la desconfianza, agravaría la inseguridad, paralizaría la economía y erosionaría aún más al Estado. La democracia no se rompe de golpe; se desgasta elección tras elección.
La proliferación de candidatos revela partidos débiles y proyectos personales. En este escenario, el voto se vuelve emocional, reactivo, basado en el rechazo más que en una evaluación seria del futuro. Pero el Perú ya comprobó que votar por rabia o miedo suele tener consecuencias peores que aquello que se quiso evitar.
Las elecciones del 2026 no son una elección más: son una prueba de madurez democrática. No se trata de elegir al salvador, sino de evitar al peor. No de creer promesas grandilocuentes, sino de identificar trayectorias, equipos y límites éticos claros. La democracia peruana está exhausta, pero aún no derrotada.
Equivocarse una vez puede ser aprendizaje. Equivocarse sistemáticamente es un fracaso colectivo. El Perú ya pagó demasiado caro sus errores. En el 2026, votar mal no solo significaría elegir mal a un presidente: significaría aceptar que la crisis es nuestra forma permanente de gobierno.
Los partidos que tuvieron su oportunidad ya fueron, los que mienten también. “Seré alcalde de Lima hasta que termine mi juramentación”, dijo un candidato. Mentira. “Desde el Congreso tendremos el poder”, y lo demostró, incluso gobernando contra los intereses del país. El JEE de Lima Centro 1 identificó que Carlos Álvarez omitió declarar una sentencia judicial; ante ello no tendría nada que hacer. ¿Qué tipo de presidente necesita el Perú? De honradez comprobada, con firmeza, de preferencia conocedor del manejo del Estado, capaz de enfrentar inseguridad y corrupción. Finalmente, en mi opinión, solo nos queda al frente tener esperanza.
En el Perú, la corrupción política ha dejado de ser una excepción para convertirse en un patrón recurrente del ejercicio del poder. En las últimas décadas, el país ha sido testigo de un fenómeno inédito en el mundo democrático: varios expresidentes investigados, procesados o encarcelados por delitos vinculados a corrupción, lavado de activos, violaciones de derechos humanos y abuso de poder. Desde Alberto Fujimori hasta mandatarios recientes, la presidencia de la República pasó de ser un símbolo de autoridad moral a un cargo sistemáticamente asociado a escándalos judiciales.
En este contexto, el presidente José Jerí enfrenta cuestionamientos que refuerzan la percepción de continuidad de esta lógica perversa. Más allá de que las investigaciones sigan su curso y se respete la presunción de inocencia, lo preocupante es que la ciudadanía ya no se sorprende: el descrédito es automático, la desconfianza inmediata y la legitimidad se diluye rápidamente.
La corrupción se ha incrustado en la forma misma de ejercer el poder. Ese es quizá el mayor desafío político y moral que enfrenta hoy el país.
(*) Presidente de Aprosec.
