La inseguridad ciudadana que padece el país obedece fundamentalmente a la ola de criminalidad que golpea día a día a muchos peruanos y que tiene en el sicariato su delito de mayor gravedad. Los perpetradores matan por dinero a cualquier mortal, develando un profundo desprecio hacia la vida humana.
La situación se ha ido agudizando en los últimos tiempos, producto de hechos noticiosos (criminales) que dan cuenta de execrables crímenes como el sucedido hace unas semanas en un mercado de Áncash, teniendo como víctima a la periodista conocida como la China Polo, en plena campaña electoral para la gobernación regional de dicha ciudad. El vil atentado dejó además cinco heridos por proyectil de arma de fuego, según la información difundida por la PNP.
El supuesto sicario, de nacionalidad venezolana, fue capturado al poco tiempo de acaecido el asesinato, a quien se le incautó un arma de fuego, presumiéndose, por la forma, circunstancias y móvil de cómo se habría perpetrado el crimen, que habría más personas involucradas. El caso habría seguido la vía de una investigación común y la Fiscalía obtuvo una detención de quince días mientras busca a quien ordenó el crimen, para luego solicitar prisión preventiva contra el detenido ante el órgano judicial competente.
Ante tal decisión fiscal, amparada en los protocolos de la Fiscalía de la Nación del Sistema de Flagrancia Delictiva, es que desde ciertas tribunas se ha criticado que el detenido no haya sido sometido a un proceso de simplificación procesal (proceso “inmediato”), dejando de lado que el sicariato no es un crimen que se cometa de manera aislada e individual, sino que, por lo general, toma lugar en el marco de una organización o banda criminal.
Máxime si detrás del sicario ejecutor está el contratante o mandatario, quien es quien paga al primero y así lo determina a cometer tan grave crimen. Siendo esto así, al tener que investigarse muchos aspectos y detalles sobre el evento delictivo en cuestión, como identificar o mínimamente individualizar a quienes estarían detrás de tan feroz crimen, es que no puede cerrarse aún la investigación, al ser esta de naturaleza compleja. No seguir dicho camino investigativo significaría un gran riesgo de probable impunidad, en la medida que, castigando solo al sicario, implicaría no ahondar en la identificación y paradero del resto de involucrados en tan grave crimen.
De cierta manera, el ejecutor del asesinato no se vería muy motivado a delatar e incriminar a sus compinches que de seguro estarían involucrados en otros crímenes, pues hechos de esta naturaleza se cometen de manera sistemática, bajo ciertos patrones criminológicos.
Perseguir con eficacia el crimen, sobre todo aquel que se comete a través de organizaciones criminales, no es empresa fácil, por lo que definir estrategias investigativas especiales constituye un imperativo de la Fiscalía a fin de poder desmantelarlas y desarticularlas.
Y para ello, la demanda de mayor presupuesto es de vital urgencia, para que el Ministerio Público y la PNP puedan fortalecer su capacidad operativa frente a la delincuencia, a su vez de articular con el subsistema de Extinción de Dominio a fin de atacar el patrimonio criminal.
“Resulta indispensable potenciar la Extinción de Dominio para golpear el patrimonio criminal”.
(*) Fiscal superior y coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas de Extinción de Dominio. Doctor en Derecho, Magíster en Ciencias Penales por la UNMSM. Docente universitario
