El Perú atraviesa, en este 2025 una crisis que no puede explicarse solo desde la política, la economía o la seguridad ciudadana. Lo que está en juego es más profundo: una crisis moral, una erosión del tejido ético que sostenía la convivencia social y una pérdida de los marcos de referencia que distinguían el bien común del interés individual. No es casualidad que los indicadores de corrupción, violencia y desconfianza alcancen niveles históricos; es la expresión visible de un proceso de anomia social, ese estado descrito por Durkheim en el que las normas dejan de ordenar la vida y la moral colectiva se debilita hasta volverse irreconocible.
Política: corrupción y judicialización permanente
En el ámbito político, el Perú vive una situación inédita: una sucesión de presidentes procesados, encarcelados o investigados por corrupción. De Alberto Fujimori a Pedro Castillo, pasando por PPK, Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Dina Boluarte, la “normalidad” parece ser la sospecha y el escándalo. La política se ha convertido en un terreno donde las instituciones han perdido autoridad moral y se perciben como espacios de disputa penal. La judicialización —el uso de herramientas legales para resolver conflictos de poder— refleja la crisis: cuando todos acusan a todos y las decisiones públicas buscan impunidad, el mensaje es devastador. La ley se aplica según conveniencia y la ética se vuelve prescindible.
Seguridad ciudadana: violencia y miedo
La segunda dimensión es la seguridad. El incremento de la delincuencia, las extorsiones y los homicidios ha normalizado la violencia. Los ciudadanos viven en alerta, desconfiando del otro y viendo amenazas en cada desconocido. Esta situación refleja un Estado debilitado, con instituciones desfinanciadas y corroídas por la corrupción. La relajación moral se expresa en su forma más cruda: vidas arrebatadas por unos cuantos soles y un sistema de justicia incapaz de responder.
La pandemia dejó cicatrices profundas. El sistema de salud colapsó y nunca fue reconstruido: hospitales desbordados, desabastecimiento de medicamentos y crisis en la atención oncológica. Pero la herida más grave es la salud mental. El país enfrenta un aumento alarmante de violencia intrafamiliar, feminicidios, suicidios y trastornos psicológicos. La frustración económica, la informalidad y el desempleo alimentan la desesperanza, que se convierte en combustible para la agresión.
Economía y desigualdad: pobreza y migración
La crisis moral se agrava por factores económicos: empleo precario, costo de vida en aumento y desigualdad persistente. Más de un tercio del país vive en vulnerabilidad y millones han regresado a niveles de pobreza previos a 2005. La desnutrición infantil y la anemia se mantienen, mientras miles migran buscando seguridad y estabilidad. La migración masiva revela no solo carencias materiales, sino la pérdida de confianza en las instituciones.
Anomia social: un país sin brújula ética
La palabra clave es anomia: cuando la corrupción se vuelve normal, la violencia rutina y la desigualdad paisaje. La sociedad se funda en la desconfianza, la informalidad como modo de vida y la evasión como mecanismo de supervivencia. La relajación moral produce pérdida del sentido del bien común y exaltación del individualismo extremo.
¿Cómo salir?
El reto no se resolverá con leyes improvisadas. La crisis moral exige renovar la educación, erradicar la corrupción política, garantizar justicia igualitaria, fortalecer la seguridad, ofrecer oportunidades económicas y reconstruir la fe pública entendida como confianza cívica. El Perú está en un punto de quiebre: ha perdido la convicción de que el bien común es posible. Reconocer la crisis es el primer paso; la pregunta es si tendremos la voluntad moral para superarla.
(*) Presidente de Aprosec
