Las estadísticas del número de homicidios y extorsiones en lo que va del año 2025 no solo muestran un incremento con respecto al 2024, sino que, además, si se hace un análisis matemático, se podrá constatar que la delincuencia está avanzando en progresión. El Gobierno de Dina Boluarte no hace notar a la población de este grave riesgo. Por el contrario, es minimizado por las autoridades de la PCM.
El golpe a la precaria economía de miles de emprendedores peruanos que están siendo extorsionados y obligados a cerrar sus fuentes de ingreso familiar no se traduce solo en la caída del comercio y del poder adquisitivo, sino también en un fuerte bajón moral en la población peruana que no encuentra solución en las autoridades del Ejecutivo, ni en el Legislativo, ni en las autoridades ediles.
Los testimonios de desmoralización de emprendedores extorsionados que son entrevistados por los medios manifiestan lo que el pueblo está sintiendo en estos momentos. No solo es miedo y terror a la violencia asesina de la delincuencia, al mismo tiempo hay desánimo y abandono ante la actitud de las autoridades y del Gobierno al ver que los políticos son cómplices de la delincuencia, protagonizando escándalos de corrupción y violencia todos los días en los noticieros.
Son miles de bodegueros, transportistas, comerciantes, restaurantes, establecimientos, trabajadores y emprendimientos que en estos momentos se encuentran pagando a los extorsionadores por miedo a ser asesinados o que se ven obligados a cerrar sus negocios. El Perú está acostumbrándose a esa violencia diaria. Este Gobierno lo está aceptando, la inseguridad ciudadana se está normalizando. Corremos el riesgo de convertirnos en un país donde el crimen y el delito a todo nivel llegue a ser tolerado y aceptado por sus ciudadanos acostumbrados a convivir con la violencia.
En este sentido, desde Aprosec pedimos al Gobierno evaluar las siguientes propuestas: Tiene que haber una verdadera voluntad política al más alto nivel. La presidenta Dina Boluarte tiene que hacerse personalmente del problema, liderando la lucha contra el crimen. Todo esto debe ir de la mano con los recursos económicos necesarios.
Falta un verdadero líder político y técnico que articule este trabajo integral; hoy no hay. La presidenta Boluarte debe urgentemente sincerar la inseguridad ciudadana que hoy vive el país; su discurso en Davos – Suiza fue todo lo contrario.
Hay que establecer prioridades en el gasto público que permitan desplegar un esfuerzo económico importante, transparente y “supervisado” que coincida con la gravedad del problema.
Para obtener buenos resultados, tendrán que trabajar de manera integral y articulada las cuatro instituciones que directamente enfrentan la problemática desde el Estado: Policía, Ministerio Público, Poder Judicial y Sistema Penitenciario.
Los serenazgos son un apoyo muy importante. En adelante, los efectivos policiales deben ser incrementados, pero rigurosamente seleccionados, cumpliendo además con un entrenamiento adecuado en calidad y tiempo.
Se debe priorizar urgentemente un importante número de personal para Inteligencia Policial e Investigación Criminal, con logística de última generación y suficiente. Operativamente tener muy claro un patrullaje planificado, masificado y con permanentes controles de evaluación. Contratar policías jubilados con fojas de servicios sin faltas graves, para que trabajen directamente en las comisarías y de acompañamiento de los serenazgos. La construcción urgente de por lo menos cuatro penales de máxima seguridad y repotenciando en seguridad los que ya tenemos. Desde Aprosec, tenemos muchas más propuestas; piénselo señora Boluarte.
(*) Experto en Seguridad Ciudadana.
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