Las protestas populares en nuestro país se han dado en protesta por las medidas económicas de un gobierno, aumento de salarios, rentas municipales o la necesidad de una obra, etc. Lo sucedido los días 10 y 11 de octubre no tiene precedente en la historia de nuestro país, porque los que protestaron fueron los gremios de transportes ante un gobierno que no brinda seguridad, y a ello se han sumado los mercados y comerciantes mayoristas que proveen de alimentos a la población, con una consistencia solo comparable con lo sucedido en 1977.
El 19 de julio de 1977 se recuerda que la ciudadanía paralizó todo el país por estar en contra de las medidas económicas que implementaba la dictadura militar presidia por Francisco Morales Bermúdez. Fue tan contundente aquella paralización que los militares decidieron dejar el poder en un largo calendario teniendo como primera medida llamar a elecciones a una Asamblea Constituyente.
Hubo otro tipo de paralizaciones que eran muy continuas durante el gobierno militar como aquellas realizadas por la Federación de Empleados Bancarios, el SUTEP (magisterio) o la CGTP que aglutinaba a la mayoría de los gremios laborales. Todas estas paralizaciones eran para la mejora de salarios, cumplimiento de acuerdos colectivos, contra el alza de precios, etc.
La jornada de paralización ocurrida entre el 10 y el 11 de octubre no ha sido del todo exitosa porque hubo movilidad particular y la población por lo menos en Lima se trasladaba en menos tiempo porque el tránsito vehicular era menor. El 87% de los peruanos se sienten inseguros, han sido afectados directa o indirectamente por cuestiones de violencia, por eso este porcentaje se une o se pliega al paro, porque quieren que el gobierno actúe bien, que el gobierno cumpla con el país.
Todo esto sucede porque tenemos un Estado que no cumple con sus obligaciones, de darle lo que debe otorgarle al ciudadano y paralelamente le exige todo; los transportistas o los ciudadanos de a pie o los que usan transporte público pagan extorsiones. Mientras que la ATU, la SUTRAN o el Ministerio de Transportes o el gobierno no los dejan trabajar, cobrando peajes, cobrando rodaje, revisiones técnicas o todo lo que puede cobrar y si cometo una infracción cobran multas elevadas y se suma a esto que la unidad vehicular que permite que haya trabajo y movilice a las personas sea confiscada y enviada al depósito, entonces ¿ante quién reclamamos? ¿tenemos jueces de tránsito?
En estas circunstancias el transportista está entre la extorsión del Tren de Aragua o similares o el acoso del gobierno para que el transportista pague hasta el último centavo. En conclusión, el Estado vende gasolina cara para subsidiar a PetroPerú; peajes caros para subsidiar a las empresas corruptas como Odebrecht y multas caras para alimentar a la burocracia de la SUTRAN, ATU o el MTC.
Ante esto, ¿para qué sirve el Estado? si te acosa para que cumplas con todo y a cambio no te da nada, no te da seguridad, salud o educación. Si el Estado no brinda lo mínimo que es la seguridad tenemos estas consecuencias.
El paro del 10 y 11 de octubre ha significado una toma de conciencia de la población contra el gobierno para decirle que sus planes no funcionan y que debe aplicar estrategias e inteligencia con lo mejor de nuestra policía para imponer el orden, capturar a los delincuentes y no abdicar de sus funciones; con ello evitamos la aparición de un Chávez o un Maduro, inclusive hasta un ayatola que vemos como están sus países sumidos en la completa miseria. Esperemos que el gobierno haya tomado lo ocurrido como una advertencia y evite una escalada superior considerando la precariedad en que se sostiene.
(*) Abogado y excongresista.
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