Los ánimos están extremadamente caldeados, hay mucha agitación en las calles y las redes sociales son trinchera de las más encendidas discusiones. El saldo incluye hasta amistades rotas y familiares enemistados. Este clima de crispación y angustia es muy peligroso, pues se está ejerciendo presión sobre una válvula que tiene a casi medio país enfrentado a la otra mitad por 50 mil votos, más o menos. Y las señales de violencia ya están asomando, con ataques verbales y amenazas, con leyes caprichosamente interpretadas, con arteros fake news, con machetes afilados en el asfalto. No debemos rebasar los límites de la racionalidad y echar más leña al fuego.
Se sabe que la aglomeración es el principal caldo de cultivo del invisible virus del COVID, que ha causado cerca de 4 millones de muertes en el mundo y 190 mil en el Perú, pero se sigue convocando a más marchas y mítines en las calles y plazas para “defender el voto”. Para colmo, ya tenemos la temible variante india, que es más contagiosa que todas las demás. Ojalá estas movilizaciones no causen un rebrote y el avance de la vacunación contenga las consabidas consecuencias de los contagios masivos, que atiborran los hospitales, carentes de camas UCI y oxígeno medicinal para intentar salvar vidas.
Otro escenario de esta batalla sin cuartel es el que concierne a cuestiones legales. Los miembros de los Jurados Especiales y el JNE, como última palabra, dirimen y están dando sus veredictos. Pero se ha anunciado más recursos destinados a anular más actas con más votos y revertir un resultado que, pese a haber llegado al 100%, aún no es legal y eso impide proclamar al ganador.
Aquí no se trata de quién tiene a los más importantes bufetes de abogados ni qué marcha es más numerosa y la que infunde más temor. Robert Frost, considerado uno de los padres de la poesía moderna, decía irónicamente: “El jurado está compuesto por doce personas elegidas para decidir quién tiene el mejor abogado”. Los peruanos solo queremos que se impongan la verdad, no que gane el que tiene al más reputado jurisconsulto a su lado. Y sí, la protesta es un derecho consagrado en la Constitución (artículo 2, numeral 12), pero no debe ser usada como arma para intimidar a autoridades por el bien del país. Porque lo que escribo y digo siempre lo firmo.
