En el Perú cada cierto tiempo aparece el mismo libreto. Se anuncia un “Niño extraordinario”, un “súper Niño”, una amenaza climática que podría golpear con fuerza. Y entonces ocurre lo de siempre: el miedo, el gasto de emergencia, las promesas, las conferencias, los presupuestos millonarios. Pero cuando uno mira con calma, la verdadera pregunta no es qué tan fuerte será el fenómeno, sino por qué seguimos siendo tan vulnerables frente a algo que conocemos desde hace décadas.
El fenómeno El Niño no es un evento inesperado. Es recurrente, medible, anticipable. La ciencia moderna permite estimar probabilidades, escenarios y zonas de impacto con bastante precisión. No es un terremoto impredecible. Es un riesgo gestionable.
Y ahí está el problema de fondo.
Un país serio no evita el fenómeno natural, reduce su impacto. Invierte antes, no después. Ordena el territorio, no lo improvisa. Construye drenajes, defensas ribereñas, sistemas de alerta temprana. No espera a que llegue el agua para empezar a reaccionar.
En el Perú hacemos exactamente lo contrario.
Tras el desastre de 2017 se creó la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios con una promesa ambiciosa: reconstruir mejor, cerrar brechas, preparar al país para el siguiente evento. Se le asignaron recursos extraordinarios, se le dio poder político, se le dio tiempo. El objetivo era claro: que el próximo Niño no nos encuentre igual de expuestos.
Pero hoy, años después, la realidad es incómoda. Seguimos viendo quebradas sin intervenir, ciudades creciendo en zonas de riesgo, obras inconclusas o mal ejecutadas, y una capacidad de respuesta que depende más de la improvisación que de la planificación.
Esto no es un problema ideológico, es un problema de gestión.
La evidencia internacional es clara. Países expuestos a riesgos similares han reducido drásticamente sus pérdidas no porque tengan mejor clima, sino porque tienen mejores instituciones. La diferencia entre desastre natural y tragedia humana es, en gran medida, institucional.
Cuando el Estado falla en prevenir, aparece el gasto de emergencia. Y cuando el gasto de emergencia domina, aparecen también los incentivos equivocados: procesos acelerados, menor control, sobrecostos, obras innecesarias o mal diseñadas. Es el terreno perfecto para la ineficiencia y, en el peor de los casos, para la corrupción.
Así se cierra un círculo perverso. No se invierte bien antes, se gasta mal después, y luego se vuelve a empezar.
Y en ese vacío aparece otro fenómeno, esta vez político.
Cada falla del Estado alimenta discursos que prometen más Estado. Más control, más intervención, más gasto. Es una reacción comprensible, pero equivocada. Porque el problema no es la falta de Estado, es la mala calidad del Estado. Un Estado que no puede construir un drenaje eficiente difícilmente podrá administrar empresas, fijar precios o dirigir la economía.
El verdadero debate no es entre más o menos Estado, sino entre un Estado que funcione y uno que no.
Si algo debería enseñarnos cada anuncio de un “súper Niño” es que el Perú no necesita más discursos ni más presupuestos de emergencia. Necesita reglas que obliguen a ejecutar bien, sistemas de control que funcionen en tiempo real, y una planificación territorial que deje de ser letra muerta.
El fenómeno natural seguirá llegando. Eso no está en discusión.
Lo que sí está en discusión es si seguiremos reaccionando como si fuera la primera vez.
(*) Abogado
