Perú no necesita un discurso más contra la inseguridad. Necesita una decisión. El crimen organizado ya no es un problema policial; es una economía paralela que captura alcaldías, puertos, minas y hasta curules. Mientras discutimos si somos de izquierda o derecha, ellos ya tomaron el territorio. Por eso, la lucha no puede ser moderada. Tiene que ser radical, técnica y, sobre todo, políticamente responsable. Radical no significa autoritaria. Significa ir a la raíz. Y aquí van las raíces que hay que cortar.
I. La propuesta técnica: Quebrarles el negocio
Al sicario se le encarcela. A la organización se le extingue. Mientras sigamos persiguiendo pistoleros y dejando intactos los millones, perderemos.
1.1 Extinción de dominio sin trampas.
La Ley 1373 fue una de las pocas herramientas modernas que tuvimos. Hoy está desnaturalizada por un garantismo mal entendido y por lobbies con nombre propio. Propuesta concreta:
- Invertir la carga de la prueba en bienes no justificados vinculados a delitos de organización criminal, minería ilegal, tala y corrupción. Quien no puede explicar 10 inmuebles y 20 camiones, los pierde.
- Crear juzgados especializados de extinción con jueces a dedicación exclusiva, con protección y con metas. Hoy un caso demora 3 años. Debe demorar 6 meses.
- Destinar el 70% de lo incautado a un Fondo de Lucha Contra el Crimen Organizado para financiar inteligencia, prisiones de alta seguridad y reparación a víctimas. Que el delito pague la lucha contra el delito.
1.2 Muerte civil y financiera.
No basta con congelar cuentas. Hay que crear el Registro de Muerte Civil para condenados por organización criminal, sicariato, extorsión y corrupción de alto nivel: impedimento perpetuo para contratar con el Estado, para ser proveedor, accionista de empresas concesionarias o candidato. Y un bloqueo financiero inmediato tipo UIF ampliada, con capacidad para inmovilizar fondos en 24 horas sin necesidad de esperar 60 días de trámites.
1.3 Prisiones que aíslen, no universidades del crimen.
Necesitamos un verdadero régimen de alta seguridad, fuera de la costa limeña, sin visitas conyugales para cabecillas, con bloqueo total de señal y con rotación de personal penitenciario cada 6 meses. Y eliminar los beneficios penitenciarios para crímenes de organización. El que extorsiona desde el penal no puede salir en 2/3 de la pena por “trabajar”.
1.4 Inteligencia y no solo operativos.
Devolverle dientes a la Diviac, a la Dirandro y a Inteligencia, con presupuesto protegido y con un sistema nacional de interceptación legal centralizado. Cada megaoperativo televisado sin inteligencia previa es pan para hoy y extorsión mañana.
II. La propuesta política: Un Congreso que no sea parte del problema
De nada sirve una ley radical si el Congreso la convierte en letra muerta, la negocia o la usa como arma de chantaje.
El país no necesita un Congreso opositor u oficialista. Necesita un Congreso responsable y no obstruccionista. Y eso exige un pacto mínimo:
2.1 Pacto anti-impunidad legislativa. Compromiso público de todas las bancadas de no legislar para recortar la extinción de dominio, la colaboración eficaz ni el allanamiento en flagrancia. Cada proyecto que debilite la lucha contra el crimen debe tener nombre, apellido y costo político. Que se vote a rostro descubierto.
2.2 No más comisiones como trincheras. Las comisiones de Justicia, Defensa y Constitución no pueden seguir siendo espacios donde se blindan intereses. Propongo que toda reforma en materia de crimen organizado pase por una opinión técnica vinculante de la Fiscalía, el Poder Judicial y la UIF, transmitida en audiencia pública. Menos lobby en pasillos, más luz.
2.3 Leyes con fecha de expiración y evaluación. Toda ley de seguridad debe tener cláusula de evaluación a los 12 meses: ¿bajó la extorsión? ¿cuántos bienes se extinguieron? ¿cuántas organizaciones se desarticularon? Si no funciona, se corrige. Si no se aplica, se sanciona al funcionario. Basta de leyes declarativas.
2.4 Dejar de legislar para la tribuna. El populismo penal nos ha llenado de penas de 30 años que nunca se aplican. Un Congreso responsable legisla menos, pero mejor. Una sola ley bien hecha que cierre la puerta al oro ilegal y al celular en la cárcel vale más que 20 mociones de interpelación.
El Perú está harto de dos extremos: el del político que dice “mano dura” pero vota para que sus financistas no pierdan sus propiedades, y el del político que por obstruir al gobierno de turno termina obstruyendo al propio Estado.
La radicalidad que necesitamos no es gritar más fuerte. Es ser quirúrgicos para quitarle al crimen lo que más le duele: su plata, su libertad y su impunidad política. Si el Ejecutivo pone la estrategia y el Congreso pone responsabilidad en vez de obstrucción, esta guerra todavía se puede ganar. Si no, seguiremos escribiendo columnas sobre el mismo.
(*) Exministro de transporte y comunicaciones y presidente del partido Democracia y Libertad.
