Un bus del Metropolitano que pasa por el jirón Camaná, en el Centro de Lima, es atacado a pedradas. Las imágenes son nítidas. Las lunas rotas caen sobre las caras de varios pasajeros, entre los cuales hay varios niños. ¿Puede calificar esta acción como protesta pacífica? Definitivamente, no. Tirar piedras donde se trasladan los pasajeros de un vehículo de transporte público califica como atentado contra la vida y merece la cárcel. Porque una pedrada en la cabeza puede ser tan mortal como una bala en el corazón.
En España, tirar piedras en una manifestación es castigado con penas que van de uno a seis años de prisión. En otros países de Europa las condenas pueden llegar hasta los 20 años, según las circunstancias y los agravantes.
Así como no se debe criminalizar la protesta, si esta es pacífica, también está mal victimizar a los vándalos, esos que atacan con palos y piedras las comisarías, esos que saquean tiendas, esos que bloquean carreteras y golpean a los transportistas, esos que incendian locales del Poder Judicial y el Ministerio Público. ¿Por qué los vándalos que entran a oficinas judiciales y fiscales van directo a los archiveros para sustraer los documentos y destruirlos o quemarlos? He ahí un agravante de peso para hacer que estos salvajes pasen sus buenos años entre rejas.
Las leyes peruanas también contemplan penas de cárcel para estas fechorías. Incluso incurren en delito de extorsión si, usando violencia o amenaza, toman locales, obstaculizan vías de comunicación, impiden el libre tránsito o perturban el normal funcionamiento de servicios públicos, con el objeto de obtener de las autoridades cualquier beneficio o ventaja. En este caso, la pena es de prisión de entre 5 y 10 años, conforme al artículo 200° del Código Penal, pero si hubiera toma de rehenes, puede llegar hasta cadena perpetua.
Los atentados contra instalaciones de servicios públicos de electricidad, telecomunicaciones o de transportes público, según el artículo 281° del Código Penal, deben ser castigados con penas de entre 6 y 10 años de prisión.
La legislación peruana contempla otras sanciones y castigos para estos delitos, pero por el respeto al derecho a protesta no se suelen aplicar. Sin embargo, el salvajismo en estos días ha llegado a tales extremos que amerita cumplir la ley al pie de la letra. A los vándalos no podemos hacerlos pasar como víctimas y merecen ser encerrados. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
