El derecho de propiedad: el fundamento jurídico del capitalismo y la economía de mercado

Existe una idea que suele pasar inadvertida en los debates económicos: antes de discutir impuestos, subsidios, tasas de interés o gasto público, debemos preguntarnos quién tiene derecho a decidir sobre los recursos, quién puede disponer de ellos y bajo qué reglas. En el fondo, estamos hablando del derecho de propiedad.

La propiedad privada no es simplemente la posibilidad de tener una casa, un automóvil o una empresa. Es el derecho a utilizar recursos, celebrar contratos, invertir, producir, intercambiar y asumir las consecuencias de las propias decisiones, dentro de la ley. Sin una propiedad protegida, la libertad económica se vuelve una promesa vacía. ¿Para qué ahorrar si pueden quitarte arbitrariamente lo ahorrado? ¿Para qué invertir si no tienes seguridad sobre los resultados de tu inversión? ¿Para qué emprender si las reglas pueden cambiar según la voluntad del gobernante?

El capitalismo no funciona únicamente porque existan empresarios o mercados. Necesita un orden jurídico que proteja la propiedad, haga cumplir los contratos, sancione el fraude y garantice reglas previsibles. La propiedad permite descentralizar las decisiones económicas: millones de personas pueden decidir qué producir, dónde invertir y qué consumir sin esperar instrucciones de una autoridad central.

Esto no significa que la propiedad privada resuelva por sí sola todos los problemas económicos. Necesita instituciones sólidas, competencia efectiva y protección frente al abuso. Tampoco significa que el Estado carezca de funciones. Significa que su función principal debe ser garantizar un marco de reglas justas, no sustituir sistemáticamente las decisiones de quienes producen, trabajan, ahorran e invierten.

Las consecuencias de estos principios no son únicamente teóricas. En el Perú, millones de personas trabajan sin títulos de propiedad seguros, desarrollan negocios en la informalidad y encuentran obstáculos para acceder al crédito porque carecen de garantías reconocidas.

Al mismo tiempo, la burocracia, la inestabilidad de las reglas y los privilegios de determinados grupos limitan la competencia. Pretender resolver estos problemas multiplicando los programas estatales sin corregir las instituciones que impiden a las personas ejercer sus derechos es tratar los síntomas sin atender las causas.

La respuesta debe comenzar por fortalecer la seguridad jurídica, facilitar la formalización, proteger los contratos, ampliar la competencia y eliminar las barreras innecesarias para emprender. El Estado debe garantizar justicia, seguridad y reglas iguales para todos.

La discusión económica, por tanto, no puede reducirse a cuánto debe gastar el Estado, cuánto debe crecer el producto interior bruto o qué modelo matemático ofrece la mejor predicción. También debemos preguntarnos qué instituciones permiten que las personas creen riqueza, conserven los frutos legítimos de su trabajo y decidan libremente cómo utilizarlos.

La propiedad privada no es el único fundamento del orden liberal, pero sí uno de sus pilares jurídicos indispensables. Sin ella, la libertad económica pierde buena parte de su contenido; sin libertad para intercambiar, la propiedad pierde buena parte de su valor productivo; y sin un orden jurídico que proteja los derechos de todos, el mercado puede terminar capturado por quienes tienen más poder político.

La economía necesita números para medir, evidencia para contrastar y teoría para explicar. Pero también necesita reconocer sus fundamentos institucionales y filosóficos. Porque una sociedad no prospera simplemente porque sus modelos económicos sean sofisticados, sino porque sus instituciones permiten que las personas produzcan, innoven, cooperen y mejoren sus condiciones de vida.

(*) Abogado, Ph. D (c)

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