Desde hace varios años, en nuestro país se conoció que un grupo organizado y liderado por Rodolfo Orellana Rengifo, se habría apropiado y lucrado enormemente con la adquisición ilegal de inmuebles, con la participación de notarios, árbitros, registradores públicos, jueces, policías, etc. Obviamente, el negocio ilegal era vender estos inmuebles, para ello mucha gente interesada en mejorar su futuro invirtió en la compra de estos bienes, al igual que muchos empresarios dedicados al rubro inmobiliario, también participaron de las compras con la finalidad de edificar proyectos y generar negocios.
La organización criminal en los años 2009, 2010 y siguientes liderada por Rodolfo Orellana en ese tiempo gozaba de enorme prestigio y este personaje era considerado uno de los empresarios más exitosos de la época y siendo así nadie podía dudar de comprar un inmueble a esta organización, más aún si la documentación soportaba cualquier opinión legal, ya que todo estaba debidamente saneado y registrado y los bienes libres de disposición, es decir, te los entregaban vacíos y sin reclamo de nadie
A raíz de haberse detectado ya en el 2014 el modus operandi de esta organización criminal, el Ministerio Publico ha iniciado diversas investigaciones logrando identificar a los miembros de esta organización la misma que estaba conformada por abogados, registrados públicos, notario, árbitro, policías, jueces y diversas autoridades y operadores, adicionado de una cantidad de testaferros a nombre de quienes se inscribían las propiedades.
Lo curioso y que da origen a este comentario, que al haberse iniciado los juicios orales, estos se han realizado en grandes auditorios, por la cantidad de procesados y abogados que debían concurrir al proceso, hemos podido determinar que aquellas personas y empresarios que compraron los inmuebles y pagaron por ellos ya que, está acreditado incluso los pagos a través de medios bancarizados, han pasado a ser denunciados por complicidad, bajo seudónimo de socio cliente y comprendidos por lavado de actos y parte de la organización criminal, para quienes han solicitado penas entre 10 años y 25 de pena privativa de la libertad.
Es incomprensible esta situación, ya que consideramos que estos empresarios que hasta habrían invertido en la edificación de proyectos en estos inmuebles grandes sumas de dinero, que a nuestro criterio serian víctimas del grupo criminal, ahora a parte de haber perdió sus inversiones, se encuentren procesados y en peligro su libertad, porque a alguien del Ministerio Público se le ocurrió considerarlos como cómplices, de allí que hemos denominado a este comentario EL DELITO DE SER EMPRESARIO INMOBILIARIO.
Estamos participando en la defesa de algunos empresarios, en este caso y con seguridad se conseguirá la justa absolución de estas personas, pero lo que nos preocupa es que nuestro ordenamiento jurídico no respeta el derecho a la libertad de Inversión, de trabajo y demás derechos constitucionales, y resulta un peligro en nuestro país, ser empresario formal y peor ser empresario inmobiliario.
Nuestro staff de abogados siempre a la vanguardia de nuestra legislación, garantiza los derechos y el éxito en los procesos de nuestros patrocinados, a quienes con gusto atendemos a nuestros lectores del DIARIO LA NOTICIA previa cita al 4713246, al correo electrónico jgago80@gmail.com, o la página web www.gagoabogados.com
*Abogado penalista
