El Congreso programó para el 12 de marzo el debate en el Pleno del informe final que recomienda inhabilitar por diez años para ejercer cargos públicos a la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza. Se trata del segundo pedido de sanción de este tipo que afronta la exmagistrada en el Parlamento, tras la decisión adoptada por el Consejo Directivo de priorizar el tema en la agenda legislativa.
Se trata de las denuncias constitucionales acumuladas 563 y 618. El informe, aprobado por la Comisión Permanente con 16 votos a favor y 4 en contra, fue elaborado con el impulso de los congresistas Kira Alcarraz Agüero y José Ernesto Cueto Aservi.
Los autores de las denuncias sostienen que, en su calidad de fiscal de la Nación, Espinoza había incurrido en presuntas infracciones a los artículos 45, 93 y 139 de la Constitución Política del Perú. Además, se le imputan los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de funciones.
El caso se origina en la presentación de la denuncia constitucional 549, mediante la cual Espinoza acusó a once parlamentarios por su voto a favor del Proyecto de Ley 319/2021- CR, iniciativa relacionada con la contratación de pensionistas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
