Salvo honrosas excepciones, los alcaldes y los gobernadores regionales también son responsables del atraso y el abandono de los pueblos del interior del país, de la falta de obras, de construcción de carreteras, de colegios, de hospitales, de instalación de redes de agua y desagüe, de energía eléctrica. En muchos pueblos del Perú profundo virtualmente duermen con el enemigo.
El año pasado, los 25 gobiernos regionales tuvieron un total S/13,705 millones para contratar obras y servicios a fin de mejorar la calidad de vida de la población. Sin embargo, invirtieron apenas la mitad, en muchos casos por ineficiencia y en otros por corrupción. Dicen que el dinero que no pueden robar o gastar en “elefantes blancos”, muchos gobernadores lo devuelven a Lima. Y así sus pueblos siguen en la miseria, clamando una justicia que nunca llega.
Los alcaldes no se quedan atrás. En el 2022 apenas se aproximaron al 50% de sus presupuestos. Uno de los casos más alarmantes se dio en el departamento de Pasco, donde municipios distritales, al mes de noviembre, no habían gastado ni el 10%, como Vilcabamba (3.6%) y Chontabamba (9.6%).
Aparte de la corrupción y la ineficiencia, otra de las causas de esta reducida ejecución de gasto se debe a la inexperiencia de los funcionarios, tanto municipales como regionales. Es un problema que debe ser atendido por las autoridades locales y regionales en coordinación con el Gobierno central, pero lo lamentable pasa el tiempo y no hay solución. Este modelo de gobierno empezó en 1990, han pasado más de 30 años y todo sigue igual.
Otro tema es el del canon minero. Este año asciende a 2,211 millones 482 mil 876 soles y se ha incrementado en 166% respecto al año pasado. Curiosamente, varias de las regiones del sur, donde las protestas son más violentas, figuran entre las que más dinero reciben por canon minero.
En cuanto a la corrupción, más de diez gobernadores regionales terminaron presos y actualmente hay 18 con investigaciones o procesos judiciales. Increíble, pero cierto.
Resulta raro que en alguna provincia o distrito se produzca una protesta con marchas por las calles y plantones. Esa falta de reacción se debe a la red de encubrimiento que tejen las autoridades corruptas, que compran a la prensa local y contrata hasta a sicarios para cuidar sus intereses. Se ha dado casos en que periodistas fungen hasta de guardaespaldas y “topos” de los alcaldes.
Quienes están protestando en Lima, Puno, Cusco, Arequipa o Ica, deben considerar cuán responsables son sus autoridades locales de la pobreza y abandono de sus pueblos. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
