Diputado Yalta plantea reformar SíseVe y separar definitivamente a escolares que cometan actos graves de violencia
El sistema del Minedu acumula 1.493 reportes pendientes de atención y desde el 17 de septiembre no cuenta con psicólogos ni operadores para contención emocional, afiliación y soporte técnico
SíseVe, la plataforma del Ministerio de Educación que registra y hace seguimiento a los casos de violencia escolar, enfrenta una seria crisis operativa. Acumula 1.493 reportes pendientes de atención y, desde el 17 de septiembre, no cuenta con psicólogos ni operadores para contención emocional, afiliación y soporte técnico. Ante esta situación, el diputado Carlos Yalta Sotelo planteó una reforma para convertirla en un sistema de alerta, protección y respuesta frente a situaciones de riesgo.
“SíseVe tiene que dejar de ser una plataforma que solo registra casos y convertirse en una herramienta que permita detectar riesgos, activar respuestas y acompañar al estudiante hasta que el caso sea atendido”, señaló Yalta.
La situación cobra mayor relevancia ante el incremento de la violencia escolar. Entre enero y agosto de 2026 se registraron 11.805 casos, de los cuales 2.059 correspondieron a violencia sexual. De estos últimos, 1.198 involucraron agresiones entre estudiantes.
El legislador de Renovación Popular propuso que SíseVe incorpore un sistema de alerta temprana capaz de identificar patrones de riesgo y generar alertas ante situaciones que requieran intervención inmediata. También planteó fortalecer la coordinación con la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para que los casos de mayor gravedad no queden únicamente en el ámbito administrativo del sector Educación.
La reforma contempla, además, reforzar la atención psicológica a los estudiantes afectados y verificar que las medidas adoptadas por los colegios sean efectivamente cumplidas.
Separación definitiva
Como parte de su propuesta, Yalta planteó evaluar la separación definitiva de estudiantes que cometan actos graves de violencia escolar, entre ellos bullying, ciberbullying, agresiones sexuales, venta de drogas o ingreso de armas.
Según el planteamiento, ante un hecho grave se aplicaría inicialmente una separación temporal inmediata, mientras se determina la medida definitiva en un plazo máximo de 48 horas.
Asimismo, propuso el traslado obligatorio del agresor a otra institución educativa, donde deberá recibir atención psicológica y un seguimiento de su conducta.
“El objetivo es proteger al estudiante afectado y evitar que una situación de violencia grave quede reducida a una suspensión temporal sin una respuesta posterior”, sostuvo el legislador.
El sustento jurídico de la propuesta señala que la separación definitiva podría establecerse mediante una modificación del Decreto Supremo N.° 004-2018-MINEDU, siempre que se establezcan causales específicas, se respete el debido proceso, la medida resulte proporcional y se garantice la continuidad educativa del estudiante.
