Algunos funcionarios, políticos, congresistas, policías, fiscales, jueces, denunciados por delitos de corrupción y otros, se arrepienten e internan en cárceles del país.
Además, algunos aspirantes a la presidencia de la República, al Senado y Diputados —solventados por la minería ilegal, narcotráfico, corrupción— también harían lo mismo; precisando que lo hacen para que se liberen de ser investigados penalmente.
Se concluirá la construcción de las 4 cárceles abandonadas y se dispone que se construyan 2 nuevos centros penitenciarios, y los encargados de su ejecución serán empresarios del sector privado, bajo modalidad de canje por impuestos, sin intervención de ningún funcionario público para evitar corrupción.
Se dispone dejar de lado intervenciones efectistas en penales y sin efecto el cambio de nombre del INPE, nombrando una comisión integrada por miembros de solvencia moral e intelectual, para investigar al personal de esta institución. Se dispone colocar bloqueadores de celulares en todos los centros penitenciarios. Se ordena que fiscales, luego de la detención de sicarios, dispongan la investigación a los autores mediatos e instigadores, que están en las calles y cárceles.
El Congreso de la República dispone de manera unánime que se formalice y continúe la investigación preparatoria contra congresistas denunciados por diversos delitos, dejando sin efecto su archivamiento. Se ordena que los órganos de control interno del Ministerio Público y del Poder Judicial se constituyan en los distritos judiciales y fiscales de Lima Sur, Este, Centro y Norte, para escuchar denuncias de parte de abogados y víctimas de tráfico de tierras y otros delitos, contra fiscales, policías y jueces que favorecen a los delincuentes. Los jueces ordenan la libertad de muchos internos procesados e injustamente detenidos siendo inocentes.
El Ejecutivo concede indultos humanitarios a internos que vienen sufriendo graves enfermedades y en deplorables condiciones físicas y mentales, dejando de lado la prohibición de que se conceda esta gracia por el delito sentenciado, sino basado en el principio constitucional de dignidad. El Ejecutivo anuncia que con estas medidas la criminalidad, inseguridad ciudadana y corrupción han disminuido radicalmente.
Han convocado a miembros de inteligencia de las Fuerzas Armadas y Policía, que fueron enviados al retiro por gobiernos anteriores, a integrantes del GEIN, a fin de que conformen un equipo de asesoramiento y elaboren planes y estrategias para combatir el crimen organizado.
El Congreso y el Ejecutivo disponen la creación de una comisión de alto nivel integrada por juristas, con solvencia moral e intelectual, que pertenezcan o hayan pertenecido al Consejo Nacional de la Magistratura, Tribunal Constitucional, Universidades, Poder Judicial, Ministerio Público, etc., respetando la meritocracia, para reformar el sistema judicial.
(*) Exdecano del CAL.
