Luego de las declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, sobre una presunta injerencia del director de IDLReporteros, Gustavo Gorriti, en decisiones del Ministerio Público, la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, había anunciado que tomarían medidas. Esto se cristalizó.
La agrupación fujimorista denunció penalmente a los fiscales Pablo Sánchez, Rafael Vela, Domingo Pérez, así como a la suspendida fiscal suprema Zoraida Ávalos y el periodista Gustavo Gorriti, por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho, fraude procesal, tráfico de influencias, abuso de autoridad, omisión de funciones, denuncia calumniosa y otros.
La demanda presentada ante el Ministerio Público por la representante legal de Fuerza Popular, Liliana Takayama Jiménez, alcanza al expresidente Martín Vizcarra, al Instituto de Defensa Legal (IDL), así como a Alejandro Silva y Jaime Villanueva, exasesores de Patricia Benavides. Se precisa que existe la sospecha razonable acerca de la existencia de una organización criminal de naturaleza flexible y con roles específicos y útiles para sus fines delictivos, integrada por los denunciados.
En tal sentido, la representante legal de Fuerza Popular solicitó al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, que se aparte los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez de las investigaciones que se siguen contra Fuerza Popular como el caso “Cócteles”.
Al respecto, la congresista de Perú Libre, Silvana Robles, señaló, a través de su cuenta en la red social X, que el fujimorismo busca “tumbarse al equipo de fiscales encargados del caso Lava Jato”, con el propósito de eludir el inicio del juicio a Keiko Fujimori.
SOLICITAN SUSPENSIÓN DE INTEGRANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO
Liliana Takayama Jiménez, quien fue elegida congresista de Fuerza Popular en los comicios del 2016, además presentó un pedido al presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Humberto de la Haza, para que se disponga la medida cautelar de suspensión preventiva inmediata contra los fiscales Pablo Sánchez, Rafael Vela y Domingo Pérez, por la presunta comisión de “faltas disciplinarias graves que son materia de investigación abierta” por la misma entidad.
