El presidente de la ONG Asociación de Desarrollo Social y Defensa de los Derechos Humanos (ADESODEH), Pedro Sáenz Ravello, afirmó que su institución denunció al Estado Peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por lo que consideran desalojo forzoso y usurpación agravada contra cientos de familias que ocupaban 700 hectáreas que fueron expropiadas con matones para la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el Callao.
“En el 2012, el Congreso aprobó que se pague S/205 mil a cada familia, pero de las más de 1,000 que había en el lugar solo se le reconoció al 30%. Les dieron tres modalidades: un departamento, pago en efectivo y reubicación. No se cumplió con todos, Cofopri hizo el empadronamiento”, indicó, al precisar que se tata de los AA.HH. La Taboada, El Ayllu, Ranchería de Montenegro, La Unión, entre otros.
Sáenz espera que se notifique al Estado peruano y que la CIDH lleve el caso a la Corte Interamericana y que se sancione al Estado y este cumpla con pagar lo que les corresponde a estas familias, además de indemnizarlos por daños y perjuicios.
