La Defensoría del Pueblo enfrenta nuevamente cuestionamientos tras un informe de la Contraloría que señala irregularidades en la contratación de dos funcionarios de confianza.
Juan José Canales Durand, exjefe de gabinete, y María del Carmen Olórtegui Risco, jefa de la Oficina Defensorial de La Libertad, no cumplían con los requisitos necesarios. Además, ambos mantenían afiliación activa al partido político APP al momento de su designación.
