A criterio del defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, el Estado no ha mostrado capacidad para detener la ola de conflictos sociales, debido a la improvisación en sus instituciones que no pueden hacerse cargo en lo que es la prevención y gestión de conflictos.
“Hay un desborde en materia de conflictos sociales. Hay un embalse en la implementación de acuerdos y, además, (hay) la expectativa generada por la llegada del nuevo gobierno”, estimó Gutiérrez, cuya advertencia data de tiempo atrás cuando en un informe de conflictos de setiembre, durante la gestión del expremier Guido Bellido, reveló la aparición de siete nuevos casos en seis regiones, elevando la cifra a un total de 198 sin resolver.
Como se sabe, en la región Apurímac existen bloqueos en Chalhuahuacho y Cotabambas por el incumplimiento del plan de desarrollo minero, siendo, hasta el momento, el más violento el reciente paro cocalero en Puno.
