El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, cuestionó el informe del Congreso que concluye que la expresidenta Dina Boluarte no tiene derecho a dicho beneficio. Para la Defensoría, la decisión parlamentaria presenta vacíos de interpretación y podría sentar un precedente que afecte la seguridad jurídica de futuras sucesiones presidenciales.
El informe congresal sostiene que Boluarte no cumple con los requisitos legales debido a que no fue elegida por voto popular ni culminó un mandato presidencial completo, además de haber sido destituida por incapacidad moral.
Sin embargo, Josué Gutiérrez remarcó que la Constitución reconoce la sucesión presidencial como un mecanismo legítimo y que ello no debería ser desestimado en la evaluación de derechos posteriores al ejercicio del cargo.
