Revisando mis nuevos escritos que se encausan a la nueva edición del “Expediente Prado”, releo lo sucedido en octubre de 1883 cuando un grupo de malos peruanos que antes habían negociado el último contrato sobre el guano, intentaron quedarse con el dinero que la Peruvian Huano le adeudaba al Perú y ahora sucede algo parecido con lo que ha sucedido recientemente con la autodisolución de Rutas de Lima.
A inicios de octubre de 1883 se encontraban en Londres Mariano Ignacio Prado, José Francisco Canevaro, Carlos Pividal y Francisco Rosas quienes sabían que el régimen de Miguel Iglesias estaba por firmar la onerosa paz con Chile con la sesión del departamento de Tarapacá.
Por el contrato Prado-Raphael de 1876 se creó la Peruvian Huano Ltda. aquien se le dio en concesión comercializar 1’900,000 toneladas de guano, la empresa al principio cumplió con las regalías pactadas, y al poco tiempo violó el contrato poniendo una serie de subjetividades dejando de pagar lo acordado. Vino la guerra contra Chile y ni por esa emergencia aquella empresa entregaba lo que debía al Perú. Los negociadores de 1876 se reunieron en 1883 en vísperas de firmarse el tratado de Ancón para que, con poderes vencidos de Rosas, ex presidente del Senado, más los de Prado que desertó como presidente constitucional, y de Francisco Canevaro quien fue primer vicepresidente y del último ministro plenipotenciario peruano en Londres, Carlos Pividal, todos ellos pretendían ordenar a la empresa Peruvian Huano Ltda. se disuelva, y que el dinero adeudado al Perú les sea entregado a ellos.
Toda esto fue paralizado por el marino peruano Aurelio García y García dando aviso al gobierno peruano a que se le nombre plenipotenciario del Perú en Londres y con títulos sólidos pueda defender los intereses del Perú de quienes se querían apropiar de sus escasos recursos acabada la guerra con Chile.
Hoy el consorcio Rutas de Lima está provocando su disolución porque según ellos es: “como consecuencia directa y exclusiva de los actos de hostigamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima, así como actos y omisiones de diversas entidades del Estado peruano”. Esta empresa llama “hostigamiento” a los derechos del Estado peruano por denunciar la corruptela que hubo en la transferencia de las acciones que tenía Odebrecht en el consorcio, a la oscura empresa Brookfield.
¿Y para qué quiere disolverse? Todo nos lleva a suponer por los reveces internacionales que Brookfield como sucesora de los negocios de Odebrecht ha empezado a tener. La Municipalidad de Lima ha intentado invalidar el contrato y demandó a Brookfield en los EE.UU. ya que todo se hizo con un marcado vicio de origen. Este caso estaba a punto de perderse en junio y cuando se solicitó a la procuradora Silvana Carrión que se presente como agraviada porque su función es la de defender los intereses del estado ella dijo que “eso correspondía al Equipo Especial de la Fiscalía”. Esta abdicación de sus funciones como procuradora hizo que María Caruajulca, procuradora general del Estado la destituyese del cargo y nombre a Nory Vega quien al parecer conoce sus funciones y defenderá los intereses el Perú como corresponde.
Si en el siglo XIX tuvimos Canevaros, Prados, Rosas y Pividales; en el caso Odebrecht los acuerdos de colaboración eficaz nos dan una pista para conocer a quienes favorecieron los que firmaron por el Perú. Por eso nos debemos preguntar: ¿Quiénes son hoy esos personajes que como ayer vendieron al Perú para enriquecerse?
(*) Abogado y excongresista.
