¡Cusco en alerta! Obra de S/200 millones contra las lluvias queda al borde de paralizarse por disputa contractual

• El proyecto de drenaje pluvial de la microcuenca Cachimayo, en Cusco, vuelve a quedar atrapado en una controversia que podría terminar paralizando una obra considerada clave para enfrentar las inundaciones en la ciudad.

El conflicto ya no está solamente en las calles, donde pobladores inicialmente se opusieron a la construcción —en la puerta de sus viviendas— de los llamados tanques tormenta. Ahora la disputa se encuentra en el terreno contractual y enfrenta al Consorcio Cachimayo con el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) por el tiempo que requiere la obra para recuperar el retraso acumulado.

La situación fue expuesta en una entrevista difundida por RPP, en la que participaron Juan Carlos Velázquez, representante del Consorcio Cachimayo, y Claudia Reyes, abogada especialista en derecho de la construcción. El punto crítico ahora no solo es la decisión del PNSU de rechazar una ampliación de 158 días calendario que había sido recomendada por la supervisión, sino que lo más resaltante es que la mesa de trabajo estará integrada por los mismos funcionarios que, según lo señalado por el contratista, generaron esta grave paralización de un frente de la obra que representa, según el propio contrato, el 60 % del total del plazo contractual.

Entonces, según lo manifestado por el ingeniero Juan Carlos Velásquez, el problema principal radica en que constituye un escenario complicado que los funcionarios que han generado que el Estado pierda aproximadamente 35 millones de soles emitan informes dando la razón al contratista, es decir, retractándose de lo que ya dijeron anteriormente y evidenciando claramente una contradicción sin sentido.

¿Puede el PNSU garantizar la culminación?

La controversia coloca ahora la responsabilidad de las decisiones administrativas y de gestión directamente sobre la mesa. El PNSU, a través del viceministro de Construcción y Saneamiento, ingeniero Carlos Lezameta Escribens, decidió conformar una mesa de trabajo para dar solución a la problemática de la obra.
Sin embargo, también nombró como vocera a la ingeniera María del Carmen Casas, quien cuando fue entrevistada vía telefónica en el programa “Prueba de Fuego” de RPP, evitó, aceptar que gran parte de la obra, específicamente el frente Casuarinas, cuyo plazo de ejecución representa el 60 % del total del plazo contractual, permaneció paralizado por más de 300 días.
Este hecho genera preocupación, ya que, si aceptar algo tan simple a esta funcionaria, que viene de la gestión en la que justamente se generó el problema y donde se generó la pérdida, le cuesta muchísimo, cómo va a participar de la solución efectiva del problema.

Una obra estratégica para Cusco

La segunda etapa del proyecto de drenaje pluvial de la microcuenca Cachimayo contempla una inversión contractual cercana a S/ 200 millones y comprende trabajos en los distritos de Cusco, Santiago, Wanchaq y San Sebastián.
La intervención incluye 10,4 kilómetros de colectores, 180 sumideros y dos tanques tormenta, infraestructura diseñada para captar y conducir las aguas provenientes de las lluvias y reducir el riesgo de inundaciones.
El proyecto, identificado con el CUI 2459017, es ejecutado por el Consorcio Cachimayo bajo la administración del PNSU y cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La magnitud de la inversión y la función preventiva de la infraestructura hacen que cualquier interrupción tenga consecuencias que van más allá de una controversia entre una entidad pública y una empresa contratista.

El conflicto vecinal que alteró el cronograma

El origen del problema se encuentra en uno de los principales componentes de la obra: los tanques tormenta del sistema Casuarinas. Los pobladores de la zona rechazaron su construcción al frente de sus viviendas y sustentaron su posición en las condiciones del terreno y la presencia de napa freática.
La oposición se agudizó en abril de 2025, cuando trabajadores que realizaban labores de replanteo fueron retirados del lugar por los vecinos.
El enfrentamiento con la población terminó afectando el desarrollo de los trabajos y generó la paralización del sistema Casuarinas, con un retraso que impactó directamente en el cronograma contractual.
Este punto resulta fundamental porque, según la documentación citada en investigaciones periodísticas, informes del PNSU y de la supervisión identificaron el conflicto social como causa del retraso y no como un incumplimiento atribuible al Consorcio Cachimayo.

Supervisión pidió 158 días, PNSU dijo no
Con el cronograma afectado, la supervisión de la obra, a cargo del Consorcio Concremat-Milla, recomendó ampliar el plazo contractual en 158 días calendario. La solicitud fue formalizada mediante la Carta N.° 0182-2026/CCM-JRMR-RCA, del 24 de julio de 2026.
El sustento planteado por la supervisión fue que el tiempo perdido estaba relacionado con un conflicto social que escapaba al control del contratista. Pero la recomendación no fue aceptada.
El 8 de septiembre de 2026, el administrador de contratos del PNSU, Raffo Sotomayor Cabrera, emitió el Informe Técnico N.° 204-2026/VMCS/PNSU/UGPP-BID-CT-PNSU, mediante el cual denegó la ampliación solicitada.
Es aquí donde se abre el nuevo frente de controversia: mientras la supervisión considera necesario reconocer el tiempo perdido, el PNSU sostiene una posición distinta.

El problema está en el cronograma

La decisión adquiere especial relevancia por la estructura del propio proyecto. De acuerdo con la documentación revisada, los tanques tormenta representan un gran frente de obra cuyo plazo de ejecución, según el propio contrato, corresponde al 60 % del total del plazo contractual.
Con el frente Casuarinas afectado durante un periodo de al menos 300 días, el retraso tiene un impacto considerable sobre el calendario general de la obra.
Si el contratista perdió casi un año de trabajo debido al conflicto social y no obtiene el tiempo adicional solicitado, resulta materialmente imposible que pueda recuperar un atraso tan importante dentro del plazo originalmente previsto. El resultado, según las fuentes consultadas, será una nueva disputa sobre el cumplimiento de los plazos, penalidades y resolución del contrato.

“No hay tiempo para recuperar lo perdido”

Juan Carlos Velázquez, representante del Consorcio Cachimayo, explicó la posición del contratista frente a la decisión del PNSU. El planteamiento de la empresa parte de un problema concreto: el tiempo que no pudo utilizar para ejecutar los trabajos afectados por el conflicto social no puede recuperarse simplemente manteniendo la fecha original de culminación.
La abogada Claudia Reyes, por su parte, analizó las implicancias de la controversia desde el ámbito del derecho de la construcción y las consecuencias que puede generar una decisión contractual que no reconozca el periodo en el que la ejecución estuvo impedida.
El debate, por tanto, dejó de ser únicamente cuánto tiempo adicional solicita el contratista. La discusión es que el contratista ha manifestado públicamente que, según el resultado de un peritaje especializado, las pérdidas generadas por esta situación únicamente por improductividad superan los 35 millones de soles.
Asimismo, la mesa de trabajo planteada por el viceministro Carlos Lezameta Escribens estará integrada, según el cuestionamiento formulado por el contratista, por funcionarios que habrían intervenido en decisiones vinculadas con el origen de este perjuicio. Por lo tanto, se considera importante que el viceministro tome este aspecto en cuenta en sus decisiones.

El discurso oficial del PNSU bajo la lupa

La controversia adquiere mayor relevancia porque, paralelamente, el propio PNSU ha difundido información sobre la continuidad del proyecto.
La entidad ha señalado que continúa impulsando Cachimayo y que la obra permitirá mejorar la capacidad de Cusco para enfrentar las lluvias intensas.
Asimismo, informó que entre el 26 y el 28 de agosto realizó una misión técnica en Cusco junto con el BID y la Unidad de Gestión de Programas y Proyectos del BID para verificar avances, compromisos ambientales y sociales y acciones contempladas en el Plan de Acción Correctiva.
Sin embargo, en la realidad del contrato, el PNSU rechazó la ampliación de plazo de 158 días solicitada por el contratista y recomendada por la supervisión.
El contraste plantea una interrogante que la entidad debería responder: ¿Existe una real intención de solucionar y otorgar la ampliación de plazo al contratista y pagarle los mayores costos generados por la paralización, que ascienden a 35 millones de soles, si de quienes depende la emisión de los informes son justamente los responsables de esta grave situación que vive la obra en la actualidad?

Obra no puede quedar a mitad de camino

El riesgo de paralización resulta especialmente sensible por la finalidad del proyecto. Cachimayo no es una obra ornamental ni una intervención secundaria. Su objetivo es mejorar el sistema de drenaje pluvial de cuatro distritos y proteger a la población de las inundaciones durante la temporada de lluvias.
Por eso, una eventual interrupción tendría dos dimensiones. La primera sería contractual y económica, por el impacto que podría generar la caída de una obra pública de saneamiento de S/ 200 millones, ya que no solo se paralizaría sino que, según las declaraciones de las partes en conflicto, el contratista no tiene responsabilidad alguna en la paralización.
Por lo tanto, según este planteamiento, se puede augurar que el Estado perderá los arbitrajes y que las pérdidas serán mayores a las actuales por efectos de los intereses y los costos arbitrales.
La segunda sería urbana y social, debido a que una obra diseñada para reducir el impacto de las inundaciones por lluvias quedaría inconclusa precisamente antes de que pueda cumplir su función pública.