La justicia se representa, a menudo, como una mujer con los ojos vendados, sosteniendo una balanza y una espada. La venda no es un símbolo de ceguera, sino la garantía de la imparcialidad, un principio que, de romperse, convierte todo el sistema en una burla. La imparcialidad no es solo una regla procesal; es el alma silenciosa de la justicia. Sin ella, no hay derecho, solo ejercicio crudo de poder.
Esta venda no existe para impedir que la diosa vea la realidad, sino para recordarle que no debe ver los rostros: ni el del poderoso que soborna, ni el del humilde que inspira lástima, ni el del enemigo que incita al rencor. La venda es el mandato de la imparcialidad.
El día que esa venda se cae, el sistema de justicia deja de ser un templo y se convierte en un coliseo.
La sombra de la causa propia
La gran traición a este principio se consuma cuando el juez, el fiscal, o cualquier autoridad decisoria, se sienta en la silla sagrada llevando consigo el traje de “parte interesada”. Es el temido escenario donde “uno es juez y parte”, y que la sabiduría jurídica condenó desde el derecho romano: Nemo iudex in causa sua (Nadie puede ser juez en su propia causa).
Esta prohibición no es una regla menor. No se trata solo de la moralidad del funcionario. Se trata de la legitimidad del proceso.
Imaginemos a un árbitro que ha sido personalmente agredido por un jugador. Si ese árbitro luego sanciona al agresor, la sanción podrá ser correcta según el reglamento, pero siempre estará marcada por la sombra de la venganza personal. ¿Fue el castigo justo, o fue una devolución de golpe? La ley nos obliga a eliminar esa sombra, a desterrar esa duda. La justicia, como el César, no solo debe ser recta, sino que debe parecer recta.
El espejo roto
Aquí es donde entra la dimensión más sutil: la imparcialidad objetiva, a la que me gusta llamar “el espejo”. Este espejo exige que las circunstancias que rodean al juez no den lugar, siquiera, a la sospecha. No basta con que el magistrado jure sobre su conciencia no tener prejuicios (imparcialidad subjetiva); el sistema debe garantizar que no exista ningún vínculo objetivo—familiar, económico, de víctima-victimario—que pudiese influir en su criterio.
Cuando en una sociedad convulsa, los fiscales investigan a quienes han denunciado, o los jueces fallan a favor de quienes fueron sus socios, o los órganos de control persiguen a quienes los han desafiado, ese espejo se quiebra. Y lo peor de todo es que el cristal roto no solo daña al funcionario o al investigado; hiere a la confianza pública.
Una vez que la ciudadanía percibe que las decisiones de la justicia están sesgadas por el interés personal, la lealtad política o la animadversión, el ciudadano deja de acudir al derecho para buscar soluciones y empieza a buscar influencias. En ese momento, la ley se degrada a una herramienta en manos de los más poderosos.
(*) Comunicadora digital, filósofa, periodista colegiada, docente, empresaria, estratega, mujer política del siglo XXI.
