He querido escribir esta columna como un ejercicio de reflexión para nuestros lectores, luego de los hechos ocurridos hace unos meses, exactamente el 15 de octubre de 2025, en el centro de Lima. Aquella jornada fue presentada como una movilización pacífica contra la inseguridad ciudadana, una causa legítima que preocupa a millones de peruanos, y a la que miles de jóvenes acudieron convencidos de levantar su voz en un ambiente cívico.
Sin embargo, lo que se vivió con el paso de las horas fue alejándose de ese propósito inicial. De manera repentina, la concentración derivó en actos de violencia que nada tenían que ver con una protesta democrática. Un grupo reducido, pero decidido, intentó incendiar la sede del Congreso de la República, un hecho que marcó un quiebre grave y encendió las alarmas de quienes creemos en el respeto a las instituciones.
Confieso que esas imágenes removieron recuerdos que el país no debería volver a experimentar. Para quienes vivimos la década del ochenta, la época del terrorismo, resultó imposible no asociar estos actos con los años en que el extremismo buscaba imponer el miedo como forma de acción política. Comisarías atacadas, símbolos del Estado convertidos en objetivos y una sociedad entera sometida al terror.
Aquel 15 de octubre, el Parlamento, más allá de simpatías o críticas, fue blanco de un intento de destrucción que no puede ser relativizado. No se trató de una simple expresión de rabia, sino de una acción organizada que buscó vulnerar un poder del Estado, la cual fue controlada gracias a la rápida intervención policial, que evitó consecuencias mayores y permitió detener a quienes encabezaron esos actos vandálicos.
Corresponde preguntarnos: ¿estamos bajando la guardia? Durante años hemos creído que, con la captura de los principales cabecillas del extremismo, ese capítulo había quedado cerrado. Sin embargo, la historia nos enseña que estas ideologías no desaparecen, sino que mutan, se infiltran y buscan nuevos rostros, muchas veces utilizando a jóvenes que terminan siendo los más expuestos.
Por ello, más que señalar, este artículo busca advertir que los organizadores de movilizaciones tienen una responsabilidad que no puede eludirse. Convocar sin control, sin deslindes claros y sin un rechazo firme a la violencia es abrir la puerta a que otros se aprovechen del descontento legítimo de la población.
El Perú no puede permitirse retroceder. Hemos avanzado con dificultad, con errores y aciertos, pero con una convicción democrática que costó demasiadas vidas. Cuidar ese camino implica rechazar toda forma de violencia política y exigir que la protesta sea siempre un espacio de expresión, no de destrucción. La memoria no está para sembrar miedo, sino para impedir que la historia se repita.
(*) Abogado y exdecano del Colegio de Contadores Públicos de Lima.
