La gobernabilidad del próximo gobierno no dependerá solo de sus decisiones políticas, sino de su capacidad para fortalecer la inteligencia estratégica, la educación cívica y la identidad nacional frente a una creciente disputa por las ideas y la opinión pública. Durante casi veinte años he estudiado e investigado los procesos de radicalización política, las dinámicas de movilización social y las estrategias de influencia ideológica en el Perú y América Latina.
Desde el año 2006, como parte de mi actividad profesional en inteligencia, observé de cerca la evolución de diversos movimientos políticos y sociales, y cómo determinadas narrativas logran moldear la percepción ciudadana e incidir directamente en la gobernabilidad de los Estados. La experiencia me ha llevado a una conclusión clara: las disputas políticas del siglo XXI rara vez se limitan al escenario electoral. Hoy se libran también en las aulas, las universidades, los medios de comunicación, el arte, las redes sociales e incluso en el ámbito familiar. Allí se forjan percepciones, valores y formas de interpretar la realidad que terminan afectando la estabilidad institucional. No escribo estas líneas para cuestionar el pluralismo político ni la libertad de expresión, pilares esenciales de la democracia.
Las escribo porque el Estado tiene la obligación de comprender estos fenómenos con objetividad, fortalecer sus capacidades de inteligencia estratégica y actuar siempre dentro del marco constitucional para preservar la gobernabilidad y el Estado de Derecho. El Perú inicia una nueva etapa política en un contexto de alta polarización, desconfianza institucional y una intensa batalla por la opinión pública. La estabilidad de un gobierno ya no depende únicamente del resultado electoral, sino de su capacidad para mantener la cohesión social y la gobernabilidad. Diversos autores han denominado a este fenómeno “disputa por la hegemonía cultural”: la capacidad de que ciertas ideas y narrativas se conviertan en el “sentido común” de la sociedad. La comunicación, la educación, la cultura y el entorno digital juegan hoy un rol decisivo.
En este escenario, el próximo gobierno debe entender que la inteligencia estratégica no puede limitarse a reaccionar ante la crisis. Su función principal es anticipar riesgos para la gobernabilidad: identificar factores que puedan derivar en conflictos sociales, campañas de desinformación o violencia política, ofreciendo información objetiva y oportuna para la toma de decisiones, siempre respetando la Constitución y los derechos fundamentales. El mayor desafío del próximo gobierno será demostrar que la democracia puede responder con eficacia a los problemas nacionales sin renunciar a sus principios.
La estabilidad no se logrará con confrontación permanente, sino fortaleciendo instituciones, formando ciudadanos informados y consolidando una identidad nacional basada en la libertad, la memoria histórica, el respeto al Estado de Derecho y la convivencia democrática. Después de casi dos décadas estudiando estos fenómenos, mantengo la convicción de que la mejor defensa de una democracia no es solo su capacidad de reacción, sino su capacidad de anticipación. Un Estado que conoce su historia, fortalece sus instituciones, invierte en educación cívica y desarrolla inteligencia estratégica estará mejor preparado para enfrentar cualquier desafío, preservando siempre la libertad, la Constitución y el orden democrático que todos los peruanos estamos llamados a proteger.
(*) Exdirector de la DIRCOTE y de la DINI
