Crece: impunidad, delincuencia violenta, inseguridad y corrupción
Crece la impunidad, mediante la modificación de la ley de colaboración eficaz por parte del Congreso de la República y una mínima observación del Ejecutivo.
Ello tiene una explicación: un buen número de congresistas y funcionarios del Ejecutivo se encuentra investigados por actos delictivos. Por este motivo, los primeros pretenden que los plazos se reduzcan a 8 meses y prorrogables o 4 meses.
Lógicamente, en nuestra del sistema de justicia, es sumamente difícil que en ese plazo en modo alguno se pueda corroborar las informaciones que proporcionan los aspirantes a colaboradores.
Desde el momento que los fiscales y jueces no cuentan con los presupuestos, ni logística, menos personal capacitado, locales a fin de conseguir demostrar la comisión del delito y la responsabilidad de investigado, para el cruce de informaciones y acreditar la veracidad de las mismas.
El Ejecutivo no ha sido contundente en su observación, porque también algunos de sus funcionarios están siendo investigado; si bien es cierto que 36 meses es un plazo razonable.
Pero en lo que respecta al acuerdo preliminar, desde el punto de vista jurídico- procesal, no es factible, porque el juzgado debe dictar una sentencia aprobando el acuerdo del aspirante a colaborador y el fiscal, respecto a la pena y reparación civil y luego de corroborado la información proporcionada, por lo que es un absurdo jurídico que exista un acuerdo previo.
No procede que se grabe o filme la declaración, por el grave riesgo que corre el aspirante a colaborador, si se llega a conocer su identidad y los informes proporcionados. Esta observación debe debatirse con especialistas y no con políticos interesados en quedar impunes, temporalmente.
El incremento de la corrupción de parte funcionarios y servidores públicos, es insostenible, llegando al extremo que un exgerente de EsSalud sostenga que la corrupción impera desde hace años en dicha entidad en perjuicio de tos asegurados.
Es indudable que se cometa, por lo que es inadmisible que la Contraloría, Fiscalía, la Comisión de fiscalización del Congreso, no hayan intervenido esta entidad.
Por lo que, la Fiscalía debe intervenir incautando computadoras, documentos, contratos, celulares, cruce de información es de teléfonos utilizados por altos funcionarios que no han tenido la calidad moral e intelectual, para ocupar estos cargos y los “ganadores de licitaciones”.
Asimismo, verificamos que crece la delincuencia violenta en algunos casos, por libertades otorgadas por malos fiscales. Sin embargo, los órganos de control no hacen nada. Al igual que la Junta Nacional de Justicia, el día que se denuncie a quienes actúan dolosamente, no solo otorgando libertades, indebidamente, sino también no denunciando a los receptadores de celulares, pue nos ponen a merced de la delincuencia violenta.
(*) Exdecano del CAL
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