“Corte IDH aprobó indemnizaciones por US$ 17 millones a terroristas”

“El excanciller Luis Gonzáles Posada criticó duramente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Corte IDH por su intervención en el indulto del expresidente Alberto Fujimori.

A su juicio, la CIDH y la Corte IDH invadieron la competencia interna de Perú y se pretendió que los peruanos estén alineados con el presidente de la CIDH que es un ente extraño y afecta a nuestra soberanía.

“El presidente de la CIDH manda un comunicado diciendo que no se acate lo que ordena el Tribunal Constitucional, qué cree, ¿que está en la selva? que está tratando con una tribu. Por eso remarco que faltó firmeza al ministro de Justicia y al procurador supranacional que no puede estar callado, que deben intervenir en defensa de la legalidad del país”, aseveró.

Remarcó que la CIDH y la Corte tienen un claro sesgo ideológico. “La Corte ha resuelto indemnizaciones a terroristas por un monto de US$ 17 millones a diferentes miembros de Sendero Luminoso o el MRTA, como los casos de Lori Berenson y Osmán Morote”, afirmó.

Sugirió que el gobierno peruano debe presentar un informe ante la Asamblea de la OEA sobre la intromisión de estos organismos en asuntos internos del país.

“Llegó el momento no de retirarnos de la CIDH, sino de plantear cambios en la elección de los magistrados, porque hay algunos que están claramente politizados; y por otro lado establecer los límites de competencia de estos organismos, que desbordan sus facultades. Aquí debe haber una reforma a fondo planteada por el gobierno de Perú. Hay que poner medidas de control porque la Corte y la CIDH no están acá para lo que quieren”, afirmó en Radio Nacional.

“EL GOBIERNO DIO UN PASO RIESGOSO AL ACATAR ORDEN DEL TC”

El internacionalista Juan Velit sostuvo que el Gobierno peruano dio un paso “muy riesgoso” por defender su instancia interna al acatar la orden del TC sobre la liberación a Fujimori y no seguir la sentencia de la CIDH.

“Los países que no respetan las recomendaciones ni las sentencias de la CIDH son considerados y percibidos en un esquema diferente a la normatividad jurídica del sistema interamericano. Estos países son reconocidos como tales. Son Nicaragua, Venezuela y Cuba”, explicó. Refirió que Argentina tampoco respetó una sentencia y por ello es percibido con suspicacia porque todos los acuerdos internacionales son firmados con buena fe.