- El doctor Edwar Álvarez señala que la inhabilitación de Zoraida Ávalos se debe a que Perú es firmante de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
POR: ENRIQUE RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
En conversación con el canal digital del diario La Noticia, Edwar Álvarez Yrala, doctor en derecho y jefe de Maestría Penal de la Universidad San Martín de Porres, analizó la grave crisis por la que atraviesa nuestro sistema de justicia.
¿Hizo bien el Congreso en inhabilitar a la exfiscal Zoraida Ávalos?
Lo que el Congreso ha evaluado es la conducta omisiva que se le atribuye, porque la Constitución establece que el Ministerio Público tiene la atribución de perseguir el delito, y han considerado que ha habido una infracción constitucional. Esto surge a partir de la interpretación del artículo 117 de la Constitución, donde se establece que al presidente no se le puede acusar. Hay unos que decían que ni siquiera se le podía investigar, y otros que decían que sí, porque una investigación a nivel preliminar no implica acusar, sino reunir elementos para posteriormente acusar. Los que defienden a la exfiscal sostienen que los anteriores fiscales tampoco investigaron a los presidentes en funciones, pero olvidan que Perú es firmante de la Convención Interamericana contra la Corrupción y los actos que se le atribuyen a Castillo y Vizcarra están contemplados en esta convención.
¿Hay vacíos legales en la Fiscalía que impiden investigar a presidentes, congresistas y gobernadores regionales?
La Convención Interamericana contra la Corrupción compromete a los estados a hacer una lucha frontal contra la corrupción. Si muchos colegas dicen que es un tema de criterio o interpretación, les diría que las interpretaciones no se hacen con ley de ordenamiento interno o constitucional, sino también a la luz de los tratados que el Estado ha firmado y ratificado, y esta convención es uno de ellos.
El Perú es el país de la impunidad, con procesos que duran 10 o 15 años. ¿Cómo cambiar eso, empezando por la delincuencia donde se libera a delincuentes detenidos con armas?
Uno de los grandes problemas es que hay demasiadas facultades de derecho, y muchas no tienen la calidad para sacar profesionales que cumplan un rol debido. El material humano para el Ministerio Público, el Poder Judicial, el INPE, salen de esas facultades. Otro problema es el proceso de selección de los magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público. Se ha creado una Sala Nacional Especializada, y los magistrados que la conforman deben tener una formación en los temas que van a ver, pero vemos cómo hasta un juez laboral, sin especialidad penal, forma parte de esas salas.
En el caso de la delincuencia, “Maldito Cris” fue detenido con armas de fuego y liberado.
Estamos en una crisis que se va agravando, y eso se traduce en la ineficiencia de un servicio de calidad y de justicia en el país. El “Maldito Cris” fue detenido dos veces y liberado. ¿Qué pasó con los fiscales que lo liberaron? ¿Se les abrió investigación? ¿Continúan en la Fiscalía? ¿Fueron separados? ¿Se les capacitó? Podemos tener un buen código, buenas leyes, pero si no tenemos el elemento humano, sin los recursos ni la infraestructura, nada va a mejorar. Los juicios en el Perú los gana el que tiene dinero y poder.
¿Cómo articular el trabajo de la Policía y la Fiscalía para encarcelar a los delincuentes?
Hay que implementar una política criminal, pero eso no solo compete a dispositivos legales, sino conocer cómo funcionan las instituciones de justicia penal que van a aplicar las normas frente a todos los tipos de criminalidad. Pero no solo es el Ministerio Público, el Poder Judicial, hay policías que no están preparados porque los procesos de instrucción son cada vez más cortos. La formación y capacitación son fundamentales, pero capacitaciones buenas, porque hay cantidad de cursos para policías o abogados, pero no todos los que los dictan están capacitados, y esos son los diplomas que se presentan y permiten el nombramiento de jueces y fiscales.
¿Por qué la lentitud en sancionar a los expresidentes corruptos?
Los plazos de crimen organizado son de 36 meses, pero en realidad son de 5 a 6 años. No puede haber investigaciones con más de 4 años, no solo porque generan impunidad, sino porque las personas que son sometidas a una investigación tienen sus derechos, son restringidos o limitados. Los casos de Lava Jato son complejos, pero también hay decisiones políticas, y ahí sí podría afirmar que hay intromisión política. El único que ha avanzado con casos conocidos es el fiscal Juárez Atoche del caso Ollanta y Nadine.
POSTULACIÓN DE DOMINGO PÉREZ FUE ESTRATÉGICA
¿Considera oportuno que el fiscal José Domingo Pérez se haya presentado para una evaluación de juez superior?
Es una decisión personal, pero a la vez estratégica, porque es uno de los más cuestionados porque no ha logrado nada. No solo quería postular, sino cambiar de institución. Soy de la idea que un fiscal no puede ser juez, porque viene contaminado con esa mentalidad inquisitiva y toda esa acusación. Lo mejor que ha pasado es que no haya aprobado.
FISCALES DEBEN APARTARSE DE TODA INFLUENCIA POLÍTICA
¿Cuál es su opinión sobre la labor de los fiscales anticorrupción?
Los resultados saltan a la vista, y es como consecuencia misma del estado de los procesos, hasta ahora no hay ningún sentenciado de importancia. Para mejorar esto recomendaría que se aparten de toda la influencia política y que sus decisiones sean objetivas y de acuerdo a las pruebas que se hayan conseguido.
