Vacancia y nuevo presidente: de la inseguridad a la ingobernabilidad

Este texto vio la luz en junio de 2025; hoy, la crisis de inseguridad lo devuelve al centro del debate.

El nombramiento del congresista José Jerí como nuevo mandatario del Perú ha vuelto a colocar al país en una espiral de incertidumbre que parece no tener fin. Con esta decisión, el Perú alcanza una cifra insólita en su historia contemporánea: ocho presidentes en apenas diez años, una rotación de poder que revela una profunda crisis estructural del sistema político, una fragilidad institucional alarmante y una corrupción endémica que corroe tanto al Ejecutivo como al Congreso.

El caso peruano se ha convertido en un laboratorio extremo de inestabilidad democrática. Desde la caída de Pedro Pablo Kuczynski en 2018, seguida por los gobiernos efímeros de Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte, el país no ha conocido un periodo de gobernabilidad sostenida. Esta sucesión de crisis ha generado un escenario de ingobernabilidad crónica, donde la presidencia se ha transformado en un cargo de alto riesgo y corta duración, mientras el Congreso se erige como un poder omnipotente y arbitrario, amparado en interpretaciones cuestionables de la Constitución.

El artículo 113° de la Constitución Política del Perú, que regula las causales de vacancia presidencial, ha sido manipulado recurrentemente por intereses partidarios. La llamada “vacancia por incapacidad moral” —una figura jurídica ambigua— se ha convertido en una herramienta de desestabilización utilizada para forzar la salida de presidentes impopulares o no alineados con los intereses del Congreso.

El nuevo presidente, José Jerí, asume el cargo en un contexto de desconfianza generalizada y con un Congreso cuya credibilidad es prácticamente inexistente: según encuestas recientes, más del 90 % de los peruanos desaprueba el trabajo parlamentario.

Este clima político se refleja en la vida cotidiana. En medio de la crisis institucional, la inseguridad ciudadana ha alcanzado niveles sin precedentes: asesinatos, extorsiones y bandas criminales dominan amplias zonas urbanas, especialmente en Lima y el norte del país. Las autoridades parecen incapaces de responder, más preocupadas por conservar sus cuotas de poder que por gobernar. La consecuencia directa es un país donde el crimen y la política parecen haberse fundido en un solo sistema de impunidad.

“El nuevo presidente, José Jerí, asume el cargo en un contexto de desconfianza generalizada y con un Congreso cuya credibilidad es prácticamente inexistente”.

La respuesta, lamentablemente, no parece alentadora. Mientras la política siga siendo vista como botín y no como servicio; mientras las leyes se diseñen para proteger intereses particulares y no el bien común; y mientras los partidos políticos continúen siendo maquinarias de ocasión sin ideología ni ética, el Perú seguirá atrapado en el mismo bucle: un nuevo presidente cada año, un nuevo escándalo cada semana y una democracia que, aunque todavía respira, agoniza entre la desconfianza, la impunidad y la violencia.

Finalmente, la mal llamada “clase política”, ¿hacia dónde quiere conducir al país? ¿Acaso a convertirnos en un narcoestado? Mientras tanto, los ciudadanos seguirán eligiendo autoridades con un voto irresponsable. ¿Qué pretenden? No digan que este es un país de mierda, porque no lo es. El Perú es un gran país, mal manejado por un grupete de gente de mierda, que es otra cosa. Basta ya de permitirlo. La tarea de los votantes es analizar su voto y no regalarlo a cualquiera, como sucedió en la anterior elección.

(*) Presidente de Aprosec.