Comisario y nueve policías son investigados por presunta red de cobro de coimas en Ate
Una investigación de la Fiscalía Anticorrupción reveló la presunta existencia de una organización integrada por efectivos de la Policía Nacional que habría utilizado falsos operativos de tránsito para exigir pagos ilegales a conductores en el distrito de Ate. El caso involucra a un comisario, un alférez y ocho suboficiales, quienes actualmente afrontan una orden de prisión preventiva mientras continúan las diligencias.
Según las pesquisas, los agentes realizaban intervenciones en la Carretera Central, a la altura del mercado Yuli, donde detenían vehículos y advertían sobre supuestas infracciones. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que el verdadero objetivo era obtener dinero de los conductores a cambio de evitar sanciones administrativas.
Las investigaciones señalan que la presunta red era liderada por el comandante José Humberto Velásquez Céspedes, quien habría coordinado un sistema de recaudación interna. De acuerdo con la hipótesis fiscal, los suboficiales entregaban cuotas de dinero obtenidas durante los operativos, las cuales eran canalizadas a través de un alférez para posteriormente llegar al jefe policial.
“Las intervenciones no tenían como finalidad imponer orden, sino recaudar dinero de manera ilegal”, indica la tesis de los investigadores tras analizar registros, seguimientos y testimonios recopilados durante varios meses.
Como parte de las evidencias, la Fiscalía incorporó conversaciones de WhatsApp donde aparecen coordinaciones relacionadas con los operativos, depósitos bancarios y transferencias de dinero. Los mensajes también revelarían la existencia de códigos internos utilizados para encubrir las actividades investigadas.
Las autoridades identificaron distintas modalidades para exigir los pagos. En algunos casos, los conductores entregaban efectivo directamente a los agentes; en otros, eran enviados a retirar dinero de agentes bancarios cercanos antes de continuar su recorrido. Según la investigación, los montos exigidos eran considerablemente menores a las multas que correspondían por las infracciones detectadas.
Otro aspecto que llamó la atención de los investigadores fue una presunta filtración de información sobre operativos de control interno. De acuerdo con los chats analizados, algunos efectivos habrían recibido alertas anticipadas sobre acciones de supervisión, lo que les permitía suspender temporalmente sus actividades.
Tras la recopilación de pruebas, la Fiscalía solicitó medidas restrictivas contra los implicados. Actualmente, nueve de los investigados permanecen bajo prisión preventiva por un periodo de 12 meses, mientras continúan las investigaciones por presuntos delitos de corrupción y cohecho.
En tanto, el comandante José Humberto Velásquez Céspedes permanece prófugo de la justicia con una orden de captura vigente. La Fiscalía continúa las diligencias para esclarecer la totalidad de los hechos y determinar si existen más personas involucradas en esta presunta red de corrupción policial.
