Colaboración eficaz
Está pendiente de promulgación y observación el proyecto de ley que modifica la ley de colaboración eficaz y que ha generado tanta reacción y que inclusive el mismísimo presidente del Congreso ha planteado que sea observada por el Ejecutivo en lo referido a los plazos.
Luego de escuchar a la ex Fiscal de la Nación y actual congresista Gladys Echaíz y al destacado penalista Humberto Abanto; así como a los que han criticado el proyecto modificatorio, he llegado a la conclusión que este es un buen proyecto de ley que quiere cortar los abusos y excesos de algunos que más que investigar se han dedicado unos a meter presos por un lado y otros a ofrecer beneficios de manera incontrolada.
Un primer defecto de la legislación actual es que los fiscales pueden reunirse privadamente con los investigados y les pueden ofrecer beneficios a cambio de delaciones falsas y que la persona al verse ante la amenaza de ir a prisión dice todo lo que el fiscal quiere escuchar.
Lo que pretende el proyecto es que dichas diligencias se hagan con presencia del abogado del investigado, lo cual sucede en cualquier lugar del mundo, empezando por Brasil que es de donde se ha mal copiado el método. Interrogar o conversar sin abogado es un acto de indefensión que viola los derechos del procesado y que debe ser corregido.
Grabar las entrevistas también es una garantía que esta ley incorpora y que le dará más transparencia y acabará con el secretismo convertido en coacción con fines politiqueros.
Hemos visto varios casos en que luego de entrevistarse fiscales con investigado, éste cambia de versión, inculpa a alguien, sale de prisión previo cambio de abogado a uno recomendado por el fiscal. José Domingo Pérez “convencía” a un investigado a cambiar de versión y le recomendaba a un abogado como Noblecilla Olaechea que por arte de magia obtendría su libertad y nunca más se probaba ni acreditaba nada.
Otro flanco positivo del proyecto es que le pone plazo a la colaboración y no es indeterminado como hasta ahora. No es posible que una colaboración eficaz que debe ser espontánea e inmediata, pierda esos atributos por el paso del tiempo y encima ha sucedido que varios colaboradores han ido variando su versión de acuerdo a la aparición de nuevas pruebas.
Es violatorio del debido proceso que estas incidencias nunca terminen y a la vez, los fiscales tampoco concretan su investigación llevando a juicio a los procesados.
Finalmente, otra virtud del proyecto es que pretende acabar con las filtraciones ilegales a los medios de comunicación preferido por los fiscales, a quienes les trasmiten en tiempo real lo que sucede en una diligencia de interrogatorio a procesados o testigos.
Encima, el medio favorecido administra esa información de manera innoble, resaltando las partes que más les conviene y ocultando o distorsionando la que así lo consideren. Por eso algunos medios se han lanzado en campaña masiva contra el proyecto porque les corta una fuente de información ilegal y perversa.
La presidenta Boluarte debe promulgar esta ley y acabar con los abusos y atropellos cometidos en nombre de la lucha contra la corrupción.
(*) Expresidente del Consejo de Ministros
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