Quienes gobiernan el país en calidad de presidente o presidenta de la República tienen la obligación constitucional de informar lo que pretenden hacer, lo que hacen y hasta lo que se encuentran impedidos de hacer, a todo el país. Ello se debe a que quien ejerce la Presidencia es el mandatario de los mandantes, que evidentemente son los ciudadanos.
Los ciudadanos eligieron a quien preside la Nación y el Estado, que incluso personifica a la Nación, por lo que los ciudadanos electores son los mandantes del elegido, que es el mandatario. Este último tiene el derecho y a la vez la obligación de informar, tanto es así que la propia Constitución le señala dirigirse al país, por lo menos una vez al año, cada veintiocho de julio desde el Congreso de la República.
Algo que se le imputa al actual gobierno nacional es su poca disposición a informar a la ciudadanía respecto de su gestión. Esa poca disposición se nota principalmente en la señora presidenta de la República, aunque en menor magnitud también en el presidente del Consejo de Ministros. Lo que se ha venido en llamar el “vocero presidencial” ya es de llorar, limitándose a leer unas pequeñas frases ante la prensa y no contestar nada de lo que debería responder por encargo de la presidenta.
Al vocero en cuestión, dada su falta de información sensible, oportuna y veraz, bien podríamos señalar que “está en Belén con los pastores” o en la “Luna de Paita” o en el “Sol de Colán”. Más desubicado no puede estar.
Señora presidenta, la población no está conformada por adivinos, pitonisas, videntes o clarividentes. Somos simples mortales que queremos ser respetados en nuestros derechos ciudadanos, por lo menos en estar informados. La falta de su presencia en medios mortifica a la ciudadanía, la que demuestra su enojo en las encuestas cuando se le pregunta por la efectividad del gobierno o cuando se inquiere sobre su acción gubernamental.
No somos de los que respaldamos a quienes quieren vacarla por la tontería de su pretendida nariz respingada. Somos de los que quieren que termine su gobierno el 28 de julio del 2026, pero que, de aquí a tal fecha, por lo menos haya cierta razonabilidad en su gestión pública y un mínimo de eficiencia. Y si algunos de sus colaboradores no son lo suficientemente eficientes, cámbielos, pero ya. El país no está para más preocupaciones.
En el algo más de año y medio de gestión que le queda, tiene que privilegiar darnos seguridad ciudadana, luchando contra la delincuencia de todo calibre y sin proteger a nadie, sea pariente o no pariente.
Es importantísimo recobrar la confianza de los inversionistas, que sintieron el foro de APEC realizado hace muy poco en nuestra patria como una nueva oportunidad de desarrollo que no debe perderse. Es indispensable también que instruya a los diferentes sectores de la actividad pública para que entiendan que la palabra austeridad tiene que tener contenido fáctico. No se puede seguir gastando lo que no se tiene, como tampoco endeudándonos irracionalmente, pues ello significa patear el problema a administraciones gubernamentales futuras.
¡Piénselo, por favor!
(*) Expresidente del Consejo de Ministros
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