Tras una apelación de la Fiscalía que buscaba aplazar que la jefa de la Nación y Alberto Otárola respondieran ante los abogados de las víctimas registradas durante las manifestaciones realizadas entre diciembre y febrero del año pasado, presentando un recurso de apelación en marzo de este año, la disposición fue finalmente aceptada.
El Ministerio Público finalmente desistió de esta apelación, por lo que el juez a cargo dispuso procedió con la decisión inicialmente tomada por el Poder Judicial de autorizar el interrogatorio a la mandataria y el primer ministro en el marco de las investigaciones en su contra por los delitos de homicidio calificado y genocidio.
La información fue anunciada por la fiscal Silvia Jackeine Sack Ramos, representante de la institución en el caso a cargo del juez César San Martín, quien precisó que este documento fue presentado inicialmente por el fiscal Helder Uriel Terán el último lunes.
