La demonización es una técnica retórica e ideológica que conscientemente desinforma o altera hechos y descripciones para presentar a personas, instituciones, culturas o ideologías como fundamentalmente malas y nocivas. También se usa para atribuir maldad a lo que simplemente es distinto de lo que se cree o apoya. Generalmente se recurre a sentimientos y pasiones para manipular a quienes se convencen más con ellos que con razones o pensamientos.
Los peruanos enfrentamos un artero plan de demonización contra nuestras empresas formales, grandes, medianas y pequeñas. La influencia pública del Estado y de muchos medios de comunicación se ha puesto en juego para estimular una reacción de descrédito en detrimento de casi todo el sistema empresarial formal del país.
Para muchas autoridades, periodistas y políticos, las empresas mineras, petroleras, bancarias, AFP, de salud, educación, transporte, telefonía, energía, construcción, comercio y agroexportación son abusivas, explotadoras, corruptas y evasoras de impuestos. Ninguna se salva. Así se expresa la gente detrás de este plan de demonización empresarial.
Nadie niega la existencia de empresarios mercantilistas, corruptos o abusivos que merecen sanciones drásticas. Pero la demonización empresarial no apunta a ellos, sino a los demás: a los empresarios formales que generan empleos. Este descrédito es aprovechado por funcionarios ministeriales, regionales y municipales para chantajear a las empresas bajo pretexto de faltas de seguridad, ambientales, laborales o tributarias.
La burocracia estatal corrupta impone requisitos y permisos absurdos y onerosos que solo se exigen a las empresas formales. Las informales, previo pago de sobornos, construyen y operan con total normalidad e impunidad. La vista gorda del Estado frente a ellas es descarada. La demonización ha llegado a extremos en que lo moral y lo legal quedan relegados. Con tal de desacreditar a las empresas, el Estado permite bloqueos de carreteras y se rinde ante el vandalismo callejero. Se apedrean vehículos con niños, se incendian ambulancias, se destruyen instalaciones empresariales y no pasa nada. El Estado no actúa e incluso ordena a la Policía no intervenir, exponiéndola a ataques con piedras, pintura y bombas molotov.
En este caos social, el Estado de Derecho pierde valor y millones de peruanos vemos truncados nuestros derechos constitucionales al libre tránsito, al trabajo, a la propiedad privada, a la integridad física y a la libertad de expresión.
Detrás de esta demonización empresarial subyace la destrucción de la economía nacional. Con ella vienen desempleo, pobreza, inseguridad, violencia, corrupción y crisis moral. ¿Tan difícil resulta ver que las empresas, y no el Estado, son las grandes generadoras de empleos formales? ¿No se entiende la interdependencia entre grandes y medianas empresas con las micro y pequeñas? Si caen las grandes, caen también las pequeñas. Las empresas proveen la inmensa gama de bienes y servicios que requiere la ciudadanía y el propio Estado, que vive de los tributos que ellas y sus trabajadores pagan.
Cabe preguntarse quiénes están detrás de la demonización empresarial. Aunque parezca mentira, hay quienes ganan con la pobreza: narcotráfico, minería, pesca y tala ilegal, y terrorismo. Todos se nutren de ella. También la politiquería gana con la pobreza, ofreciendo promesas ilusorias a electores desesperados, lo que favorece a políticos demagogos y corruptos en su afán de conseguir votos.
Conclusión: Hay gente que gana con la demonización de las empresas formales en nuestro país: (1) los narcotraficantes, (2) los mineros, pescadores y taladores ilegales, (3) los terroristas, y (4) los políticos corruptos. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a caer en la trampa de la demonización empresarial? La respuesta debe ser un NO rotundo.
(*) Exgobernador regional de Ica
