Hay un Perú donde el tiempo parece detenido y que muchas veces no vemos. Un Perú donde un niño camina varios kilómetros para asistir a su centro educativo y una madre tarda horas en llegar a un puesto de salud. Ese Perú está en nuestras comunidades indígenas, en territorios fronterizos en los que rara vez el Estado pone su atención, pero que son fundamentales para el desarrollo del país.
Allí viven pueblos que conservan culturas ancestrales, protegen bosques y ríos, pero que siguen siendo los más olvidados y que solo son recordados en épocas electorales. Según datos del Ministerio de Cultura, en el Perú existen 55 pueblos indígenas u originarios, distribuidos principalmente en la Amazonía y la sierra. Son peruanos que enfrentan profundas brechas y no acceden a los beneficios que les corresponden.
Además, de acuerdo con información del INEI y del propio MINCUL, más del 38 % de la población indígena vive en situación de pobreza. En muchas zonas fronterizas, el acceso a servicios básicos como agua potable, saneamiento, educación, conectividad y salud sigue siendo limitado. Para miles de familias, la desigualdad no es un debate político, es una realidad cotidiana.
A esta realidad se suma la débil presencia del Estado, que ha permitido el avance de actividades ilegales como la minería informal y la producción de cocaína, las cuales contaminan ríos, destruyen territorios y amenazan la vida de dirigentes comunales, quienes, al no aceptar sus condiciones, son asesinados impunemente.
Estoy convencido de que el próximo presidente debe asumir este tema como una prioridad nacional. No se trata solo de llevar ayuda algunas veces al año, sino de estar en los lugares más críticos de forma constante para verificar que todo funcione de manera correcta. Sin estas condiciones, cualquier política pública estará destinada al fracaso.
También es indispensable fortalecer la protección territorial, es decir, optimizar el proceso de titulación de comunidades, respetar la consulta previa y combatir con firmeza las economías ilegales. Defender a los pueblos indígenas es también defender la soberanía nacional, el medio ambiente y la paz de todos los peruanos.
A todo ello debe sumarse un impulso decidido al desarrollo productivo local, que promueva la agricultura sostenible, el turismo y el apoyo a los emprendedores, para que puedan generar ingresos sin destruir el entorno ni obligar a las familias a abandonar su tierra.
Creo que ha llegado el momento de escuchar más y decidir menos desde Lima. Las comunidades no necesitan ser invitadas solo a ceremonias, sino incorporadas de verdad a la toma de decisiones, porque nadie conoce mejor sus problemas ni sus soluciones que los propios pobladores. El próximo presidente del Perú tiene el deber de empezar a saldar la gran deuda histórica que el país mantiene con las comunidades indígenas.
(*) Abogado y exdecano del Colegio de Contadores Públicos de Lima.
