Candidato Roberto Sánchez a un paso de proceso judicial
PJ lo cita para el 27 de mayo por presunta falsa declaración de aportes
Este miércoles 27 de mayo, a pocos días de la segunda vuelta, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, deberá asistir a una audiencia en la que el Poder Judicial decidirá si el proceso por presunta apropiación de aportes partidarios pasa a juicio oral. La acusación inicial fue por fraude en la administración de persona jurídica, pero en segunda instancia se eliminó ese cargo y quedó solo la imputación por falsa declaración ante el órgano electoral.
Según la fiscalía, en las campañas municipales de 2018 y en las elecciones extraordinarias al Congreso, los aportes de militantes y simpatizantes no ingresaron a las cuentas del partido. Se determinó que S/ 204,951 fueron depositados en la cuenta de William Sánchez Palomino, hermano del candidato, dinero que nunca fue declarado a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios.
La acusación señala que parte de esos fondos habría sido transferida a la cuenta personal de Roberto Sánchez para su beneficio, en perjuicio de la organización política. El exdirigente Leandro Cerna denunció que el hoy congresista “se apoderó del partido” y nunca transparentó el destino de los recursos recaudados en distintas regiones.
Además, la fiscalía atribuye a Sánchez haber declarado aportes no monetarios inexistentes por S/27,400 durante la campaña de 2020. Ese monto correspondía al supuesto préstamo de un local partidario, sin embargo, la persona consignada como aportante declaró ante las autoridades que nunca cedió dicho inmueble para actividades políticas. Cabe señalar que desde que ocupó el cargo de congresista y ministro entre el 2021 y el 2025, el patrimonio de Roberto Sánchez se incrementó de 14,000 a 500,000 soles.
CASO PODRÍA PRESCRIBIR EN ENERO DEL 2027
El abogado penalista Carlos Caro advirtió que en este proceso existe un retraso que podría llevar a la prescripción el próximo año. “Si los hechos ocurrieron en el contexto de las elecciones congresales complementarias de 2020, la prescripción podría darse en enero de 2027”, señaló.
Explicó que el delito de falsa declaración tiene una pena máxima de cuatro años. Además, indicó que la fiscalía podría eventualmente evaluar otros delitos conexos, como falsedad documental o fraude en la administración de personas jurídicas, dependiendo del desarrollo de las investigaciones y del manejo de los fondos cuestionados.
