El canciller Hugo de Zela sostuvo ante el Consejo Permanente de la OEA que el asilo no debe concederse a personas que hayan sido condenadas o sobre las que existan serios indicios de haber cometido delitos graves como los contemplados en instrumentos internacionales y regionales sobre terrorismo y corrupción.
Estas declaraciones las dio en medio de una crisis diplomática entre Perú y México, cuyas relaciones quedaron rotas luego de que el gobierno de Claudia Sheinbaum otorgara asilo en su embajada en Lima a la expremier Betty Chávez, sentenciada a prisión por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.
Al sustentar ante dicho foro la propuesta peruana para proteger el derecho de asilo diplomático y evitar la impunidad, De Zela afirmó que dicho planteamiento es consistente con los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
